España terminó 2025 con un nuevo máximo de empleo público. El país cuenta con 3,64 millones de empleados en las diferentes administraciones, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra que explica que hay más puestos públicos que trabajadores autónomos desde 2017. Esta diferencia nunca había sido tan abultada como ahora, ya que los trabajadores autónomos cerraron el año en 3,29 millones y la distancia entre ambos colectivos roza ya las 350.000 personas, siendo así, un récord histórico.
El último dato de la encuesta de población activa (EPA), actualizada por el INE hace unos días, sitúa la brecha en 346.500 personas. En el verano de 2024 llegó a rondar las 400.000, lo que da idea de la magnitud de un desequilibrio que se ha ido ensanchando a medida que el empleo público aceleraba y el trabajo por cuenta propia avanzaba a un ritmo sensiblemente menor.
La comparación con el comienzo de siglo ayuda a calibrar el giro. Entre 2002 y 2008, en plena expansión económica y con el impulso del boom inmobiliario, el trabajo autónomo creció de forma sostenida hasta alcanzar un máximo de 3,65 millones de personas. Entonces y antes de explotar la “burbuja inmobiliaria”, la foto era la inversa, pues los trabajadores por cuenta propia llegaron a superar en casi 700.000 a los empleados públicos. Ese nivel nunca se ha recuperado y, en cambio, es el que ahora roza el empleo en las administraciones.
Al llegar la crisis, el desplome del número de autónomos fue acusado y la cifra llegó a situarse por debajo de los tres millones. Hoy, el colectivo se mantiene estable en niveles similares a los de 2009, con un aumento del 7% en los últimos ocho años. En el mismo periodo, el empleo público ha crecido un 18%, casi el triple, según los datos citados por el INE.
Las nóminas de los funcionarios suponen 180.000 euros
El diferencial no solo se ha trasladado al número de personas ocupadas. También la factura salarial asociada a esa plantilla está en máximos. A falta de conocer el dato definitivo, el gasto público en remuneración de asalariados rondará en 2025 los 180.000 millones de euros. El incremento se explica por dos vías: más nóminas y sueldos más altos. Tras un 2025 con las retribuciones públicas prácticamente congeladas, a finales de ese año se aplicó una subida del 2,5%, a la que se ha sumado otro 1,5% en el arranque de 2026.
Ese calendario de aumentos se enmarca, según el texto, en el acuerdo del Gobierno con los sindicatos para revalorizar las nóminas públicas un 11,4% entre diciembre de 2025 y 2028. Con ese horizonte, el salario medio de los funcionarios se situaría por encima de los 3.500 euros brutos en 12 mensualidades al final del periodo. El diseño, no obstante, difiere el grueso del incremento a 2027 y 2028, ya en la próxima legislatura.
El Ejecutivo ha situado el margen presupuestario como condicionante de esa negociación, en un contexto en el que la regla de gasto fija un límite del 3,5%. Al mismo tiempo, la revalorización de 10 millones de pensiones con la inflación, tal y como establece la ley tras la reforma impulsada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, eleva la factura combinada de ambas partidas hasta los 400.000 millones, según se recoge en el texto.
En el lado de los autónomos, el diagnóstico que trasladan sus organizaciones pone el foco en los costes y en la carga regulatoria. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirmó tras conocer los últimos datos de la EPA que “la burocracia, las regulaciones, las cargas administrativas, los impuestos, las cotizaciones y el incremento de costes laborales está hundiendo a los autónomos empleadores”. La patronal describe una situación de “asfixia” que, asegura, viene denunciando desde hace tiempo.
ATA añade dos indicadores para ilustrar esa presión: en 2025 se perdieron 8.100 autónomos empleadores y en los últimos cinco años han desaparecido 60.000 comerciantes. El colectivo vincula ese “daño” a medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que, sostiene, impacta de forma particular en pequeñas empresas y en negocios de autónomos con empleados.
El debate sobre el SMI se ha reactivado esta semana, después de que el Gobierno acordara con los sindicatos y sin el apoyo de los empresarios, por sexto año consecutivo, un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros. Sobre ese proceso, Amor acusó de “trilerismo estadístico” al comité de expertos que ha calculado el aumento y calificó de “esperpéntica” la pugna entre los ministerios de Trabajo y Hacienda para articular propuestas que pudieran acercar a los empresarios a un acuerdo.
La comparación entre empleados públicos y autónomos, más allá de su lectura estrictamente estadística, se ha convertido en un termómetro del mercado laboral y del modelo productivo. Los datos del INE y de la EPA apuntan a un crecimiento sostenido del empleo en las administraciones desde 2017, mientras el trabajo por cuenta propia se mueve en una franja estable, todavía lejos del máximo alcanzado antes de la crisis. El resultado, al cierre de 2025, es una brecha inédita en la serie histórica.