Adiós a la cita previa obligatoria para hacer trámites con la Administración como el SEPE o la Seguridad Social

Las intenciones del Ministerio de Función Pública, ahora bajo la titularidad de José Luis Escrivá, pasa por mejorar la atención presencial en las administraciones públicas. Como él mismo ha anunciado, “la atención presencial en las administraciones no tiene sustitutos”. Y es que, por ejemplo, cuando hay que hacer trámites importantes se requiere ser atendido por un funcionario.

Sin embargo, la intención de dicho organismo gubernamental pasa por cambiar la ley para prohibir que los organismos exijan a los ciudadanos una cita previa para ser atendidos. Es la forma en la que el Gobierno tiene de cambiar la normativa actual donde hay un vacío legal. Muchos organismos, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) obligan a pedir una cita previa para realizar cualquier trámite. Actuación que dejará de ser obligatoria.

“Veremos cómo trasladamos esta prohibición a la normativa legal, pero el objetivo es que llegue al Parlamento lo antes posible”, como ha apuntado el ministro competente. Esta decisión es la primera importante que tomaría Escrivá como responsable de la Función Pública en España.

Así lo ha comunicado en el Congreso de los Diputados, donde ha dado a conocer cuáles son los planes de su departamento en esta legislatura. Será primordial un rejuvenecimiento de la plantilla de funcionarios en los próximos 10 años. Por esto, ha anunciado otra medida importante. Desde 2025, se eliminará la ‘tasa de reposición’, un sistema que impedía reponer las bajas de empleo para controlar el gasto en personal público.

¿Qué trámites administrativos requieren de cita previa al ser presenciales?

En España, son varias las administraciones públicas que exigen solicitar una cita previa antes de realizar cualquier trámite burocrático. Comenzando por los organismos dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como la Tesorería General obligan a los ciudadanos a acudir en la fecha y hora indicados para una atención individualizada por un funcionario, por ejemplo, a la hora de solicitar una pensión contributiva o una prestación, como el Ingreso Mínimo Vital.

Al igual ocurre con el SEPE, a la hora de solicitar o renovar cualquier prestación por desempleo, como el paro o los subsidios por desempleo.

Por su parte, las administraciones públicas autonómicas también requieren citas previas para acudir a sus oficinas.