El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes un paquete de 80 medidas que movilizará 5.000 millones de euros para atenuar el impacto económico de la guerra en Irán, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
El acuerdo, alcanzado tras más de dos horas de retraso por las exigencias de Sumar, se articula en dos reales decretos que separan, por un lado, las medidas energéticas y fiscales y, por otro, las relativas a vivienda. El plan incorpora, además de rebajas impositivas, un mecanismo para controlar los márgenes empresariales y la prórroga de los contratos de alquiler.
“Situaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias”, ha defendido Sánchez, quien ha enmarcado el plan como una respuesta integral ante una crisis internacional que ya está teniendo impacto en los precios de la energía y en el coste de vida.
Rebajas fiscales y control de márgenes
El primero de los decretos recoge las medidas destinadas a contener el encarecimiento energético, entre ellas la rebaja del impuesto a los combustibles hasta el 10%, la reducción de tributos a la electricidad y la ampliación del bono social eléctrico, cuyos descuentos extraordinarios se extenderán hasta finales de año.
A estas iniciativas se suma la congelación del precio máximo de la bombona de butano y del propano, una medida con impacto directo en millones de hogares (en España, entre siete y ocho millones utilizan butano), especialmente en zonas sin acceso a gas natural.
El plan incorpora además una reducción del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, una de las más expuestas al encarecimiento energético. Según el Ejecutivo, esta medida supondrá un ahorro de unos 200 millones de euros y permitirá preservar la competitividad y el empleo en sectores clave.
Asimismo, el paquete incluye un descuento de 20 céntimos por litro de combustible para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, junto a ayudas equivalentes para la compra de fertilizantes en el caso del sector agrario.
En paralelo, se establece un nuevo sistema de supervisión de los márgenes empresariales en el suministro de combustible, que será vigilado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Gobierno podrá intervenir y poner límites a los beneficios de las empresas si considera que son excesivos, una de las principales exigencias de Sumar durante la negociación.
El decreto incluye también la prohibición de interrumpir suministros esenciales a los hogares más vulnerables, el refuerzo del bono social térmico y una mayor flexibilidad en los contratos energéticos para empresas y autónomos.
Vivienda: prórroga de los alquileres
El segundo decreto responde a las demandas en materia de vivienda del socio minoritario. La principal medida es la prórroga automática durante dos años de cerca de 600.000 contratos de alquiler que expiran este año, con el objetivo de contener las subidas de precios en un mercado tensionado.
Desde Sumar han valorado el acuerdo, subrayando que el resultado final va más allá de un paquete de rebajas fiscales. “Ahora el panorama es muy distinto”, señalan fuentes de la formación, que destacan la inclusión del control de márgenes y la protección a los inquilinos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el pacto permite “ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales”, y ha añadido que “entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios”.
Condiciones a las empresas y empleo
El plan introduce también condiciones para las empresas beneficiarias de las ayudas públicas. En concreto, no podrán acometer despidos objetivos aquellas compañías que reciban apoyo vinculado a la crisis energética, según ha confirmado el Ministerio de Trabajo.
Además, el Ejecutivo adelanta un año la obligación de contar con planes de movilidad sostenible al trabajo para las grandes empresas y amplía este requisito a aquellas que se beneficien de las ayudas. Estas deberán implantar antes de finales de este año medidas orientadas a fomentar el transporte público, el coche compartido, el teletrabajo o el uso de la bicicleta.
Una respuesta a una crisis incierta
Sánchez ha advertido de que el conflicto en Oriente Próximo está generando “las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global”, ya perceptible en el aumento de los precios de los combustibles. “Nadie sabe cómo va a evolucionar esta crisis”, ha señalado, subrayando que sus efectos dependerán de su duración.
Pese a ello, el presidente ha defendido que España está mejor preparada para afrontar esta situación gracias al crecimiento económico, el rigor fiscal y la apuesta por las energías limpias. Como ejemplo, ha destacado que en lo que va de 2026 el gas ha marcado el precio de la electricidad “solo en un 15% del tiempo”.
Tensiones en la coalición
El acuerdo evidencia las tensiones internas dentro del Gobierno de coalición. Sumar condicionó el inicio del Consejo de Ministros a la inclusión de medidas sociales y de intervención en el mercado, lo que obligó a reconfigurar el plan inicial y dividirlo en dos decretos.
El resultado final combina rebajas fiscales con mecanismos de control y protección social, en un intento del Ejecutivo de equilibrar las distintas sensibilidades dentro del Gobierno y responder a una crisis energética con efectos aún inciertos sobre la economía. El paquete deberá ser convalidado el próximo jueves en el Congreso, en un escenario de incertidumbre parlamentaria, ya que el segundo decreto no tiene garantizados los apoyos necesarios.