El Gobierno propone aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades para dotarlas de 16.000 millones más en 2027

Hacienda plantea elevar el porcentaje de participación autonómica en ambos impuestos a partir de 2027.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa |EFE
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El Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica que pasa por incrementar el porcentaje de cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, una medida que permitiría aumentar en unos 16.000 millones de euros los recursos de las comunidades autónomas en 2027, según las estimaciones del Ejecutivo. La iniciativa ha sido presentada este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa y tiene el objetivo de responder a un asunto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó al inicio de la legislatura y que el propio Ministerio de Hacienda se comprometió a responder.

El actual modelo lleva en vigor 17 años, una circunstancia que el Ministerio de Hacienda considera incompatible con la evolución demográfica y social del país. “No hay mejor manera de defender el Estado del bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años", afirmó Montero, quien subrayó la necesidad de dotar a las comunidades de más recursos para sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Esto ya se planteó y se intentó a través de otras fuentes de financiación, como la opción de unificar el impuesto de sucesiones y donaciones en todas las autonomías, aunque no ha llegado a llevarse a cabo.

El planteamiento del Gobierno se apoya en varios principios: reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, garantizar la solidaridad interterritorial, respetar las singularidades territoriales y avanzar hacia un sistema más transparente y sencillo. Según la ministra, el principal reto reside en diseñar un modelo común que sea capaz de adaptarse a realidades territoriales muy distintas sin incurrir en soluciones a medida para cada autonomía.

"Por tanto, no puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", explica Montero al respecto.

Un cambio en el cálculo de población ajustada

Uno de los cambios técnicos más relevantes afecta al cálculo de la denominada población ajustada, el indicador que determina las necesidades de financiación de cada territorio. El Ejecutivo propone modificar las ponderaciones actuales para reflejar mejor el coste real de los servicios públicos. Así, la población padrón mantendría un peso del 30%, mientras que la población protegida equivalente, clave para el gasto sanitario, alcanzaría el 38%. En este ámbito, el Gobierno plantea ampliar de siete a 20 grupos de edad, con el objetivo de afinar el cálculo de los costes sanitarios en función de las necesidades de cada tramo de edad.

En materia educativa, la propuesta asigna un 17% de ponderación a la población de entre 0 y 17 años e incorpora nuevos criterios, como los estudiantes universitarios y de formación profesional de entre 18 y 24 años, así como el alumnado desplazado desde otras comunidades, reconociendo el impacto que estos movimientos tienen en los sistemas educativos autonómicos. Estos factores sumarían un 3,5% adicional.

El modelo también introduce ajustes en el ámbito de los servicios sociales, con una ponderación del 7% para la población mayor de 65 años, desglosada en dos tramos (entre 65 y 79 años y mayores de 80), y añade como novedad el número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%. A ello se suma el criterio de superficie territorial, que representaría el 1,6%, para tener en cuenta los mayores costes de prestación de servicios en territorios extensos.

La propuesta abre ahora un proceso de negociación con las comunidades autónomas, en un contexto político marcado por las diferencias entre territorios y la reivindicación de mayores recursos por parte de varios gobiernos regionales. El Ejecutivo no ha detallado aún el calendario de aplicación ni el encaje definitivo del nuevo modelo, pero Hacienda confía en que el aumento de recursos facilite un acuerdo que permita actualizar un sistema considerado clave para la estabilidad del Estado autonómico.

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