El Gobierno ultima los detalles del paquete de medidas económicas para hacer frente al impacto de la guerra en Irán que contempla, entre sus principales iniciativas, la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% y nuevos recortes fiscales en la factura eléctrica. El plan será aprobado previsiblemente este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario y busca contener el encarecimiento de la energía en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica.
El Ejecutivo trabaja en una batería de medidas que incluye también la eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos, la supresión del impuesto eléctrico, actualmente en el 5%, y una reducción del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. A ello se sumarán mejoras en el bono social y garantías para evitar cortes de suministro a los consumidores más vulnerables, según fuentes conocedoras del documento.
La rebaja fiscal en los carburantes supone un cambio de estrategia respecto a 2022, cuando se dispararon los precios tras la invasión rusa de Ucrania y el Gobierno aprobó una bonificación de 20 céntimos por litro. Ante la posibilidad de aplicar de nuevo esta medida, criticada por su coste y dificultades de gestión, la patronal y operadores del sector han reclamado una reducción impositiva alternativa más eficiente.
Un plan estructurado en cuatro ejes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicará el alcance del plan al finalizar la reunión del Consejo de Ministros. Desde el Ejecutivo subrayan que se trata de una respuesta “proporcional, perimetrada y focalizada”, diseñada para amortiguar el impacto de la subida de los precios energéticos sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El paquete se articula en cuatro grandes ejes. El primero, de carácter estructural, refuerza la apuesta por las energías renovables mediante incentivos al autoconsumo, las comunidades energéticas y tecnologías como las bombas de calor. El segundo bloque se centra en la reducción de los costes energéticos a través de medidas fiscales.
Un tercer eje está dirigido a los sectores más expuestos al alza de los carburantes, como el transporte, la agricultura, la pesca y la industria electrointensiva. Finalmente, el plan incluye un escudo social que contempla, entre otras medidas, la protección frente a cortes de suministro para los colectivos más vulnerables.
El Ejecutivo ha descartado, por el momento, incluir otras medidas como la prohibición de desahucios o la prórroga de contratos de alquiler, al no contar con apoyos suficientes en el Congreso.
Tramitación urgente en el Congreso
El decreto ley entrará en vigor de forma inmediata tras su aprobación, aunque tendrá que ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. La Cámara Baja tiene previsto debatirlo y votarlo el próximo jueves, 26 de marzo, en una tramitación que prevén ágil, dada la urgencia.
El Gobierno defiende que el plan tendrá un carácter flexible, de modo que pueda adaptarse a la evolución del conflicto y de los mercados energéticos, en un escenario aún incierto que amenaza con prolongar las tensiones sobre precios y suministro.