El Pleno del Congreso de los Diputados votará el próximo jueves, 26 de febrero, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes aprobados por el Gobierno: el de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, la revalorización de las pensiones y la limitación de precios de productos y servicios en situaciones de emergencia.
Los decretos leyes entran en vigor tras su aprobación por el Consejo de Ministros, según lo establecido por la Constitución, pero deben ser sometidos al Congreso en el plazo de treinta días para su convalidación o derogación definitiva.
En el caso del decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, el texto contempla indemnizaciones que oscilan entre 2.404 y 84.141 euros en función de la categoría de daños sufridos.
Junto a ello, la Cámara se pronunciará sobre el decreto impulsado por el Ministerio de Consumo para limitar los precios de determinados productos y servicios cuando el Gobierno declare una situación de emergencia. La norma habilita al Ejecutivo a fijar que el importe no supere el precio máximo registrado en los treinta días naturales anteriores al inicio de esa situación. El objetivo es evitar incrementos abusivos en contextos como los accidentes ferroviarios recientes o los temporales que afectaron a Andalucía.
Pensiones y escudo social, ahora por separado
Especial atención concentrará la votación de los decretos relativos al escudo social y a la revalorización de las pensiones. Ambas medidas ya fueron sometidas al Congreso hace menos de un mes en un único texto legislativo que fue rechazado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.
Los grupos que tumbaron aquel decreto defendieron que respaldaban la actualización de las pensiones, pero no la prórroga de la moratoria antidesahucios ni la prohibición de cortes de suministros básicos a personas vulnerables. Ante esa falta de apoyos, el Ejecutivo optó por dividir el contenido en dos decretos distintos, con la intención de facilitar su convalidación.
Además, el Gobierno introdujo una modificación en el decreto del escudo social a petición del PNV para que la prohibición de desahuciar no afecte a los propietarios que solo disponen de una vivienda en alquiler. Pese a ese ajuste, PP, Vox y Junts han reiterado su rechazo a la norma.
La votación del jueves servirá así para medir el respaldo parlamentario del Ejecutivo en un ámbito especialmente sensible, tanto por el impacto social de la actualización de las pensiones como por el debate político que suscitan las medidas de protección frente a los desahucios y la intervención de precios en contextos de emergencia.