La Policía Nacional sube a 25 el número de personas detenidas en Madrid por defraudar, presuntamente, más de cuatro millones de euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Cuatro de los implicados son funcionarios de carrera, uno de este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y tres de la Comunidad de Madrid, y otros cuatro eran trabajadores de bancos, que se embolsaron importantes cantidades.
Son más de 400 los expedientes adulterados, para cometer fraude a la Seguridad Social, todos ellos formalizados entre los años 2020 y 2024. Los agentes ya estaban sobre aviso, y en el mes de diciembre de 2022 apreciaron que algunos trabajadores estaban cometiendo irregularidades en la tramitación de las prestaciones por desempleo, concretamente en la capitalización del paro.
Este comportamiento extraño fue el que dio inicio a una investigación que, de momento, confirma 25 detenidos, todos ellos en Madrid. Hace unos días, el 25 de marzo, ya comenzaban a verse los primeros resultados, con el arresto de 3 funcionarios que habían cometido un fraude en la capitalización del paro.
La capitalización del paro, centro del fraude
También conocido como pago único, el sistema de capitalización del paro del SEPE es empleado por aquellas personas que quieren darse de alta como autónomo o comenzar una vida laboral para la que necesita inversión previa.
Las primeras pesquisas, que decantaron la investigación hacia esta prestación contributiva, comenzaron con el análisis informático. Se detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, muchos de ellos con la finalidad de solicitar la capitalización del paro. Una vez avanzada la investigación comenzaron a aparecer los primeros implicados.
Entre ellos, un funcionario del SEPE, tres de la Consejería de Empleo de Madrid, empleados de banca y gestores administrativos. Pero había más perfiles profesionales implicados, lo que hace suponer a los agentes policiales que se trataba de un organigrama perfectamente estructurado.
Cómo funcionaba la trama de fraude al SEPE
Los detenidos formaban parte de un entramado coordinado que comenzaba con dos varones que se dedicaban a dirigir y captar a los clientes. En este sentido, debían analizar el tipo de solicitud de prestación por desempleo, calculando el beneficio que podría dejar cada una, suponiendo entre el 25% y el 40% del total de la capitalización del paro.
Luego, comenzaban a ponerse en contacto con los clientes, desde una gestoría que estaba situada en La Latina. Ahí es donde se llevaban a cabo los trámites y se preparaban los documentos.
Y a continuación era cuando entraban ‘en juego’ los funcionarios detenidos. Ellos eran quienes llevaban a cabo el seguimiento de los expedientes, sacando rentabilidad a sus competencias profesionales. Empleaban sus datos de acceso al SEPE para consultar la marcha de los procedimientos, desde el principio de la solicitud hasta que se completaba el abono de la cuantía.
Por realizar este ‘trabajo’, los tres funcionarios de la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid y el que trabajaba en el SEPE, cobraban hasta 50.000 euros por parte de los cabecillas de la organización.
Los empleados de las entidades bancarias, por su parte, el cuarto eslabón de la cadena delictiva, eran los encargados de controlar el abono de las cantidades en las cuentas de los beneficiarios. Los pagos fraudulentos, de entre el 25% y el 40% de la prestación, eran transferidos mediante órdenes de pago o retenciones de saldo.
16 registros en oficinas y domicilios en Madrid
Desde la semana pasada, se han llevado a cabo continuos registros en oficinas y domicilios particulares de la Comunidad de Madrid. Todo esto ha culminado con la detención de estas 25 personas, acusados de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
Durante los registros, los agentes de la Policía Nacional han incautado ordenadores y teléfonos móviles, relojes de lujo, más de 25.000 euros en efectivo, coches y documentación.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado coordinados tanto con el SEPE como con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. También con el organismo autonómico de la Consejería de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.
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