La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido la implantación del IVA franquiciado para autónomos, una medida que pedía Junts como condición para apoyar el decreto anticrisis en la votación de este jueves. Díaz considera que “sería de justicia” su aplicación en España y, por tanto, entiende que el partido independentista lo exija.
La ministra ha declarado estar “absolutamente a favor” de sacar adelante una directiva europea que permitiría a los trabajadores por cuenta propia no declarar ni pagar IVA cuando su facturación anual sea inferior a 85.000 euros.
"Soy la mayor defensora del cumplimiento de las directivas, me gusten o no, pero esta en particular creo que sería de justicia si España la transpone", ha afirmado Yolanda Díaz durante una intervención en el foro económico organizado este jueves por eldiario.es.
Una directiva pendiente y presión de Bruselas
La medida, sin embargo, llega con retraso. España debía haber incorporado esta normativa el 1 de enero de 2025, pero sigue sin hacerlo, lo que ha llevado a la Comisión Europea a denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De hecho, España es actualmente el único Estado miembro que no ha aplicado este sistema simplificado.
En este contexto, Junts ha condicionado su apoyo al plan de medidas anticrisis, cuyo primer decreto se vota este jueves en el Congreso, a la puesta en marcha de este régimen fiscal. El objetivo es aliviar la carga administrativa de autónomos y pequeñas empresas y mejorar su liquidez en un escenario económico marcado por la incertidumbre.
El Consejo del Trabajo Autónomo, dos décadas después
Más allá del debate fiscal, Díaz ha anunciado la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo, un órgano previsto en la ley desde 2007 pero que nunca había llegado a materializarse. La ministra ha subrayado que su creación, tras casi 20 años de espera, permitirá establecer un canal estable de interlocución entre el sector y el Gobierno.
Según ha explicado, este órgano será clave para articular la representación de las organizaciones de autónomos y avanzar en el reconocimiento de sus derechos. «Vamos a cumplir con la ley del Trabajo Autónomo de hace 20 años», ha afirmado.
Registro horario y reducción de jornada
En su intervención, la vicepresidenta también ha defendido la reforma del registro horario, pese al dictamen desfavorable del Consejo de Estado. Díaz ha insistido en que este instrumento es “la pieza central” para la reducción de la jornada laboral y ha rechazado las críticas, asegurando que no se trata de una medida compleja.
La ministra ha recordado además que el actual sistema ha sido cuestionado por el TJUE por no ser suficientemente fiable ni verificable, por lo que el Ejecutivo pretende reforzarlo para cumplir con las exigencias europeas.
Un contexto económico marcado por la incertidumbre
El debate sobre estas medidas se produce en un contexto de tensión internacional, con el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios energéticos y el encarecimiento de las hipotecas. Díaz ha advertido de que, si los precios del petróleo se mantienen, la factura energética de España podría aumentar en 20.000 millones de dólares, mientras que la subida del euríbor podría encarecer las hipotecas variables hasta en 500 euros.
En paralelo, la ministra ha señalado que el principal problema estructural del país ya no es el desempleo, sino el acceso a la vivienda, reclamando medidas de intervención en los precios y criticando la posición de algunas comunidades autónomas frente a la ley estatal.
En suma, la defensa del IVA franquiciado se sitúa en el centro de la negociación política inmediata, pero también refleja un debate más amplio sobre el modelo fiscal y las condiciones de los trabajadores autónomos en España, en un momento de especial presión económica y social.