Los autónomos agricultores mantienen la convocatoria de protestas tras reunirse con Agricultura

Los autónomos agricultores mantienen activa la convocatoria de protestas fijadas por varias asociaciones en próximo 6 de febrero en todo el país. Tras la reunión este viernes de Asaja, Coag y UPA con el ministro de Agricultura, Luis Planas, el resultado no ha sido otro que el de “aprovechar esta tormenta perfecta” que se originó en Francia y que está despertando a varios vecinos de la Eurozona en materia de agricultura y ganadería.

El diálogo ha sido tildado de positivo por el ministro. Sin embargo, lo único que se ha conseguido es ser escuchados y acercar posturas, pero, como ha apuntado Planas, las reivindicaciones tienen que hacerse en Europa porque son competencias directas de la Unión Europea.

Entre las mayores quejas que expresa el sector está el exceso de burocracia y el modelo de ecorregímenes, como el que ha llevado a los franceses a convocar concentraciones y tractoradas en las principales ciudades francesas y, principalmente, en la frontera con España. La queja de los autónomos del país galo es que a los españoles se les piden menos controles con la calidad del producto, algo que está lleno de matices, como apuntan desde Agricultura.

Las tractoradas ya han comenzado hoy en algunas provincias españolas, como en León, en un clima de unión entre las tres asociaciones mencionadas. Y es que como ha comentado el vicepresidente de Asaja, José Manuel Cebolledo, “todo el sector saldrá a la calle para reivindicar los puestos de trabajo, la profesión y la agricultura, que como hemos hecho siempre está bien y ahora no nos dejan hacerla”.

¿Cuáles han sido las peticiones de los agricultores hacia el Gobierno?

La mayor parte de las demandas han ido para la Comisión Europea, sin embargo, los representantes del sector de la agricultura participantes en la reunión también han querido exponer sus necesidades al titular del ministerio. Como, por ejemplo, la exigencia del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, donde no se permite que los distribuidores compren alimentos por debajo del valor de producción.

Otras exigencias han ido en sintonía con la crisis de los precios y la sequía.  A pesar de recordar las últimas ayudas del Gobierno cifradas en 4.000 millones de euros, también ha querido alentar al sector a que denuncien siempre que detecten contratos que vayan en contra de la ley y ha confirmado que el Ejecutivo siempre “ha reforzado los medios materiales y humanos” de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).