La okupación es uno de los problemas que más preocupan a muchos propietarios, y es que cada vez son más los casos de viviendas okupadas que salen a la luz, y no solo en España. El fenómeno, con historias en ocasiones que parecen sacadas de película, se repite en distintos países de Europa y provoca auténticas pesadillas a miles de propietarios. Así es el caso de una familia francesa, en el que la hija de la dueña fue expulsada por la policía de su propio jardín cuando intentó coger clementinas, y la ley da a la okupa la posibilidad de denunciarla por allanamiento de morada.
La historia arranca en 2017, cuando Valérie, propietaria de la casa familiar de Bastia, en la isla francesa de Córcega, decidió poner la vivienda a la venta. Según la información publicada por el medio francés Le Figaro Immobilier, una mujer de unos cuarenta años se interesó por el inmueble, pero durante una visita para enseñar la casa a otro comprador, Valérie descubrió que la cerradura había sido cambiada. La casa fue okupada por esa primera visitante que afirmaba ser la propietaria del inmueble.
En ese momento, en la legislación francesa aún no existía la ley antiokupación, lo que en la práctica obligaba al propietario a iniciar un proceso judicial de desahucio que podía durar años. Y así fue, porque no fue hasta 2024 que una sentencia judicial no ordenó el desalojo de la okupa.
La okupa puede denunciar a los dueños por allanamiento de morada
Pese a la sentencia de desahucio dictada, la okupa puede permanecer en la vivienda hasta el próximo 15 de septiembre, es decir, casi un año y medio más tarde de que se ordenara el desalojo.
Durante estos años de okupación, los propietarios de la vivienda no solo han vivido un largo proceso judicial para conseguir recuperar su casa, sino que han vivido situaciones surrealistas. Isabelle, la hija de la propietaria, relató según el medio uno de los episodios más indignantes de la historia. “Un día, intenté entrar al jardín para coger clementinas del árbol que plantó mi abuelo en 1933”. Pero la okupa no dudó en actuar, llamó a la policía para hacer que echaran a la hija de la dueña de la propiedad.
Por este hecho, la okupa podría demandar a la propietaria por allanamiento de morada.
Para la familia la situación es cada vez más complicada, y la propia hija confiesa “no puedo seguir viendo cómo se deteriora la salud de mi madre”, haciendo referencia a los años de juicios, papeleos y decisiones administrativas que no terminan nunca.
