Cuando una vivienda queda destruida por un desastre natural o un incendio, suele ser habitual pensar que las obras para reconstruirla no requieren de autorizaciones porque son un derecho. Sin embargo, en ocasiones, entre el derecho a la vivienda y la seguridad pública, la ley puede inclinar la balanza hacia el interés general. Es lo que le ocurrió a una madre con tres hijos que, tras perder su casa en un incendio, decidió rehacerla pese a la negativa del ayuntamiento y terminó enfrentándose a una orden judicial de demolición.
En 2004, la mujer compró un terreno de 629 metros cuadrados con una casa de tres habitaciones por 76.225 euros en la localidad francesa de Montévrain. Dos años después, un incendio destruyó completamente la vivienda. Decidida a reconstruirla, solicitó un permiso de obra, pero el ayuntamiento lo rechazó. Según informan desde Figaro Inmobilier, presentó una segunda y una tercera solicitud, pero todas fueron denegadas porque el terreno estaba situado en una “zona roja” según el plan de exposición al riesgo de inundación.
A pesar de las negativas explícitas, en 2007 comenzó las obras para arreglar la casa en la que vivía con sus tres hijos. Durante varios años tras la reforma vivieron sin ningún tipo de problema, hasta que el ayuntamiento la demandó solicitando la demolición del inmueble.
El derecho a la vivienda frente al interés público
La propietaria alegó que el Código de Urbanismo permite reconstruir un edificio destruido por un desastre siempre que su construcción original fuera legal. También sostuvo que la casa no causaba perjuicio al vecindario y que ordenar su demolición supondría una vulneración de su derecho al domicilio, más aún después de que el ayuntamiento no hubiera actuado durante siete años.
Sin embargo, como explica la abogada Florence Iung, según la ley francesa, “el derecho al respeto del propio domicilio está protegido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, pero “debe sopesarse con el interés público”. Además, recuerda que “un ayuntamiento tolere una construcción ilegal durante varios años no significa que pierda su derecho a actuar”.
El Tribunal de Casación (similar al Tribunal Supremo español), ordenó la demolición bajo multa de 300 euros por cada día de retraso. “Si el propietario se niega, el municipio puede agilizar el proceso y ejecutar la demolición. Sin embargo, los costes de la demolición correrán a cargo del propietario”.
Los jueces subrayaron que, aunque un edificio destruido por un desastre puede reconstruirse de forma idéntica, eso no exime de solicitar y obtener el correspondiente permiso de obra. En este caso, la propietaria había recibido varias denegaciones y no las recurrió ante el tribunal administrativo.
Además, desde el momento de la compra sabía que el terreno estaba en zona roja del plan de prevención de riesgos de inundación aprobado en 1990. De hecho, el precio reducido de la vivienda respondía precisamente a esa circunstancia. En esa área, “el riesgo se considera demasiado alto, ya que el nivel de inundación puede superar un metro, lo que hace que cualquier ocupación humana sea extremadamente peligrosa”.
Para la abogada, el tribunal aplicó una clara “prueba de proporcionalidad” con el objetivo de que “salvaguardar vidas humanas prevalece sobre el interés individual de permanecer en una vivienda construida en violación de las normas de seguridad pública”.
