Acceder a una vivienda puede ser un proceso largo y complicado, y en ocasiones, algunas personas optan por ocupar casas abandonadas con la esperanza de regularizar su situación con el tiempo. Y esto es lo que hizo una familia francesa, que lleva viviendo desde el año 1982 en una casa abandonada que ocuparon cuando no sin agua ni electricidad, no propietario aparente, y la cual una promotora les acusa de haber okupado y les pide 2,5 millones de euros.
Más de cuatro décadas después, la casa de la familia se ha convertido en una fuente de conflicto con una promotora que planea construir allí 103 viviendas en el terreno y que reclama no solo su desalojo inmediato, sino una indemnización millonaria por "ocupación ilegal".
Según recogen desde Figaro Inmobilier, la promotora ha declarado en medios locales que la familia no tiene "ningún derecho ni título" sobre la casa, y el terreno en cuestión ya fue adquirido por el Ayuntamiento mediante un procedimiento legal para hacerse con bienes sin dueño. La promotora sostiene que incluso se ofrecieron soluciones habitacionales a la familia para facilitar su salida del inmueble. “El Ayuntamiento le ha confirmado reiteradamente que debe abandonar la casa que ocupa ilegalmente”, aseguró la empresa.
La familia se niega a irse de la casa sin luchar
Según las declaraciones de la familia, sus padres se instalaron en la vivienda hace más de 40 años con la intención clara de ejercer la “prescripción adquisitiva” o usucapión, un principio legal que existe en Francia y también en España que permite reclamar la propiedad de un inmueble tras 30 años de posesión continua, pacífica y pública. “Actuaron como legítimos propietarios desde el primer día”, alegan.
Pero el conflicto se ha complicado porque antes de que se cumplieran los 30 años de habitar en la vivienda, el Ayuntamiento inició un procedimiento para quedarse con el inmueble como “bien sin dueño”. Esta figura jurídica permite a los municipios hacerse con propiedades cuyos dueños no han pagado impuestos durante más de tres años, o sin herederos conocidos.
Desde entonces, la familia asegura que fue presionada para firmar un contrato de ocupación temporal y pagar un alquiler, algo que consideran ilegítimo. Por ello, han denunciado al Ayuntamiento por “abuso de persona vulnerable”.
La disputa con la promotora llegará a los tribunales a principios de febrero, cuando se juzgara a la familia por la supuesta “ocupación ilegal” y la indemnización que le reclama la promotora de 2,5 millones de euros.
