En España existen alrededor de 27 millones de viviendas, pero cada año se demuelen entre 1.500 y 3.000 por causas forzosas: ruina estructural, ilegalidad urbanística o infracciones en suelo protegido, como la Ley de Costas.
Aunque supone solo un 0,01% del total, una entre 10.000, para quien vive en una de esas casas el impacto es brutal, ya que supone perder un hogar, un patrimonio familiar, y muchas veces, una parte de la propia infancia.
El problema se repite en municipios de todo el país: ayuntamientos que, ante fachadas peligrosas, construcciones sin licencia o viviendas en suelo no urbanizable, abren expedientes y terminan ordenando el derribo.
Si el coste de la reparación supera el 50% del valor de construcción de la vivienda, se habla de “ruina económica” y la demolición suele ser inevitable. Y si el propietario no actúa, el ayuntamiento ejecuta el derribo y luego le pasa la factura, que suele ser mucho más cara que hacerlo por cuenta propia
“El ayuntamiento nos obliga si no la restauramos o vendemos”
La historia de Lauri, nieta de un propietario en Euskadi, pone rostro a esta realidad. La casa donde pasó su infancia la construyó su abuelo hace más de 50 años, pero “este año vamos a tener que derruirla porque el ayuntamiento nos obliga a hacerlo si no la restauramos o vendemos”. Así lo explica la joven en sus redes sociales.
Ella no vive dentro de la casa porque las llaves las tiene su tío, pero guarda un vínculo emocional enorme con ella. “Esa casa la adoro, es la más bonita que hay para mí”, dice.
El ayuntamiento les ha dado menos de un año para decidir: restaurar, vender o derribar. Y la decisión, aunque sea técnica y legal, se siente como si fuera una herida familiar.
Lo que dice la ley en España
El derribo no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Primero se abre un expediente de restablecimiento de la legalidad, se notifica al propietario la anomalía y se le da un plazo para alegar o legalizar la construcción, si es posible.
Si no se resuelve, se dicta una orden de demolición en firme y, antes de tirar la casa, el ayuntamiento suele imponer multas coercitivas mensuales para ‘animar’ al dueño a actuar por su cuenta.
En algunos casos, la causa es una infracción urbanística grave: la vivienda está en suelo no urbanizable, invade una zona destinada a carretera o parque, o se construyó sin licencia en un terreno protegido.
En otros, el problema es el incumplimiento del deber de conservación. Es decir, fachadas en peligro, tejados en ruina, estructuras que pueden poner en riesgo a vecinos o viandantes, y en otros, una sentencia judicial que obliga al ayuntamiento a ejecutar el derribo para restaurar la legalidad.
Lo que para el expediente es una ‘infracción urbanística’, para Lauri y su familia es una casa llena de recuerdos e historias. Y aunque sucedió en 2022, este tipo de situaciones siguen ocurriendo hoy en día.
