La Policía Nacional ha detenido a un empresario por su presunta participación en cometer un delito contra los derechos de los trabajadores, al mantener empleados sin contrato y sin dar de alta en la Seguridad Social. Esto ocurrió como parte de una colaboración entre diferentes entidades gubernamentales en la provincia de Valladolid, con el objetivo de combatir el fraude a la Seguridad Social y el empleo informal, según lo anunciado por la Subdelegación del Gobierno.
En junio de 2023, se realizó una inspección en Medina del Campo relacionada con la recolección de ajos. Durante esta inspección, se descubrió que una cuadrilla de 13 jornaleros estaba trabajando bajo la supervisión de un empresario.
El empresario, propietario de una sociedad dedicada a proveer mano de obra para servicios agrícolas, y responsable de estos trece trabajadores, quienes carecían de alta en la Seguridad Social y contrato, era el encargado de pagarles el salario y de transportarlos al lugar de trabajo.
Todos los trabajadores identificados eran extranjeros, de los cuales ocho estaban en situación administrativa irregular, lo que significa que no tenían autorización para trabajar en España. Los otros cinco trabajadores tenían situación administrativa regular y contaban con autorización para trabajar en España, pero no estaban registrados en el sistema de la Seguridad Social.
Cobraban menos de 6 euros la hora de trabajo, de lunes a domingo y sin contrato de trabajo
Las condiciones laborales en las que se vieron obligados a trabajar eran abusivas, ya que no se les proporcionaban herramientas de trabajo ni medios de protección adecuados para realizar sus tareas.
Los trabajadores en situación irregular realizaban jornadas completas por un salario que no superaba los 6 euros por hora, mientras que aquellos con autorización para trabajar cobraban 7 euros por hora. A todos se les descontaban 5 euros al día por gastos de traslado al trabajo. Además, trabajaban jornadas laborales de más de 12 horas, de lunes a domingo, sin descansos ni vacaciones.
El empresario, tras prestar declaración en las dependencias policiales y el detenido, fue puesto en libertad y el atestado policial fue remitido a los juzgados.
Las multas por no dar de alta a los trabajadores
No dar de alta a los trabajadores puede constituir un delito, según el artículo 311 del Código Penal y el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, el cual se puede consultar en este Boletín Oficial del Estado. Las multas pueden ir desde los 3.750 euros hasta los 12.000 euros. Si la afiliación se solicita fuera de plazo sin intervención previa de la Inspección, las multas van desde 751 euros hasta 7.500 euros.
Pero estas multas pueden llegar a ser más elevadas si la persona trabajadora no ha sido dada de alta y está percibiendo la prestación por desempleo. Según el artículo 23 del citado Real Decreto, las multas pueden llegar a los 225.000 euros por no dar de alta a una persona trabajadora que esté cobrando el paro.
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