El sindicato CSIF ha registrado una enmienda en el Congreso con el objetivo de que se reconozcan las competencias de los agentes forestales y medioambientales como Policía Judicial y que sus funciones queden reflejadas de forma expresa en la norma que actualmente se tramita. Según explica la organización, este reconocimiento evitaría vacíos legales y reforzaría la lucha contra los delitos ambientales en España.
La propuesta plantea modificar el artículo relativo a las funciones de la policía judicial para incluir a los cuerpos, escalas y especialidades de agentes forestales y medioambientales dentro de su ámbito competencial. De esta forma, podrían participar oficialmente en la investigación de delitos ambientales, elaborar atestados e informes y asegurar pruebas relacionadas con estas infracciones. La enmienda también propone que tengan esta consideración los funcionarios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y del Servicio de Vigilancia Aduanera.
¿Qué funciones realizan estos agentes forestales?
En España trabajan cerca de 6.000 agentes forestales y medioambientales repartidos por todas las comunidades autónomas. Su labor principal consiste en la vigilancia y custodia de los montes, así como en la investigación de conductas que dañan el entorno natural. Según CSIF, estas funciones son en la práctica policiales y sitúan a estos profesionales como una policía administrativa especializada en materia ambiental.
Además, el sindicato recuerda que estos agentes reciben desde hace años formación específica para combatir el delito medioambiental. Entre sus tareas se incluyen la investigación de incendios forestales, la lucha contra el furtivismo y la recogida de muestras en posibles delitos ecológicos, entre otras. También colaboran habitualmente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con otros funcionarios que tienen la condición de agentes de la autoridad, condición que ellos también poseen.
Para CSIF, la enmienda presentada supone “una actualización normativa” frente a los delitos contra el medio ambiente. El sindicato sostiene que la propuesta “es continuista e incluyente”, ya que reconoce formalmente tareas que estos profesionales ya desempeñan en la práctica.
Además, advierten de que, si la reforma de la ley no recoge este reconocimiento, los agentes forestales podrían quedar en un “limbo legal”. En ese escenario, explican, las actuaciones que realizan durante investigaciones ambientales no tendrían la consideración formal de policía judicial, pese a tratarse de funciones habituales dentro de su trabajo diario.
