Lo que empezó como un gesto de solidaridad terminó en una pesadilla para una vecina de Toulouse, en Francia. Durante sus vacaciones de dos meses, la joven decidió dejar su casa a dos conocidos que no tenían un lugar donde vivir. Sin embargo, al volver, se encontró con que habían cambiado la cerradura y okupado la casa que habían convertido en un punto de venta de drogas.
Tras encontrar esta situación, y que los okupas se negasen a abrir la puerta para dejarla acceder a su vivienda, la propietaria recurrió a la policía. Según el medio francés ‘Figaro Inmobilier’ los agentes se personaron en el domicilio y comprobaron que, efectivamente, la vivienda había sido transformada en un punto de venta de drogas.
Los dos hombres, de 26 y 27 años, fueron detenidos de inmediato. Uno fue ingresado en un centro de detención administrativa, mientras que el otro fue presentado ante un juez el pasado agosto.
Un desalojo rápido fuera de lo habitual
Gracias a la intervención policial, la joven pudo recuperar su vivienda sin grandes demoras, algo que no suele ser habitual en casos similares. Por norma general, cuando se produce una ocupación sin autorización, la ley francesa establece un plazo máximo de 72 horas para proceder al desalojo si se considera que ha habido allanamiento.
Sin embargo, en casos como este en el que los okupas habían accedido al inmueble con un consentimiento previo de la propietaria, no se estaría ante una okupación ilegal en sentido estricto. Esto implicaría que el proceso judicial se complicaría llegando a alargarse durante meses o incluso años.
En palabras de expertos legales consultados por la prensa local, el consentimiento previo impide actuar con la misma rapidez que en una okupación forzada, aunque la situación derive posteriormente en delitos como el narcotráfico.
