Así es la okupación en España comparada con otros países de Europa

Llegar a casa y no poder entrar. No saber qué hacer ni cuándo se podrá recuperar, a quién pedir ayuda o cómo proceder. Es el problema de la okupación en España que, según datos de la Administración del Estado, ha aumentado en un 40% desde 2018. Se hizo precisamente en esta fecha la última modificación de la normativa, sin cambios legislativos desde entonces, por mucho que lo solicite la ciudadanía. 

¿Cuál es el problema? Una vez que están los okupas dentro, es realmente difícil echarlos. A partir de este momento empieza un procedimiento judicial enrevesado que se puede alargar hasta tres años. No solo se pierde la vivienda, sino todo el dinero que supone mantenerla: el propietario tiene que seguir pagando los suministros (agua, luz…), impuestos y gastos de la comunidad. A esto se le podría unir la hipoteca, en caso de estar envuelto en un préstamo hipotecario. 

Con la ley actual de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, la Policía solo puede desalojar a los okupas si pillan a los ocupantes en el acto, lo que se conoce como “delito flagrante”. Una vez que entren y cambien la cerradura, hay que solicitar una orden judicial de desalojo a través de una demanda civil de desahucio. Esto, para muchos, da cierta ‘impunidad’ a la hora de ocupar viviendas. 

Al respecto, el Partido Popular ha registrado este miércoles 24 de agosto una proposición de Ley en el Congreso para que se pueda producir un desalojo inmediato, de tan solo 24 horas, así como un endurecimiento de las penas. Dos medidas que, de hecho, ya se cumplen en otros países de la Unión Europea. 

¿Cómo luchan contra la okupación en el resto de Europa?

La respuesta la tiene Xavi Abat, “el abogado de TikTok”, que ha explicado de forma resumida en esta red social cómo se resuelve esta problemática en otros países de Europa. Es un tema que, a lo largo de los años, siempre se ha puesto a debate, pues las diferencias son notables.

Francia 

Ocupar una vivienda ilegalmente se castiga con un año de prisión y una multa de 15.000 euros. En caso de que se haya realizado en menos de 48 horas, el propietario puede avisar a la Policía. Estos están autorizados para expulsar a los intrusos de inmediato, sin necesidad de contar con el permiso de un juez. De haber pasado más de este plazo de tiempo, el propietario sí que tendría que denunciar, pudiendo desalojarles cuando lo autorice un juez, aunque suele ser un proceso ágil. 

Alemania 

Tras denunciar la okupación, el desalojo se produce en 24 horas. La ocupación de viviendas de forma ilegal se castiga con penas de cárcel de un año que puede estar acompañado de multa. De tratarse de una multitud o se produzca un uso de la violencia, la pena de prisión podría aumentar hasta los dos años. 

Reino Unido 

Se castiga con penas máximas de 51 semanas de cárcel y multas de 5.000 libras. La Policía puede entrar a la vivienda si tiene sospechas de que está siendo ocupada, sin necesidad de autorización judicial. Sobre la okupación, los propietarios tienen dos opciones: presentar una denuncia directamente por posesión o rellenar un formulario de “orden de posesión interna”. 

Este formulario se puede enviar a las autoridades policiales en un máximo de 28 días desde que se ocupó el inmueble, recibiendo en pocos días la confirmación que se entrega a los okupas en 48 horas. Después de entregarla, los intrusos pueden ser enviados directamente a presión si no abandonan la propiedad en 24 horas. 

Italia 

Los propietarios deben denunciar ante la Policía, celebrándose después un juicio rápido por el que los agentes pueden proceder a la expulsión. La okupación se castiga con una pena máxima de dos años de prisión y una multa de entre los 103 a los 1.032 euros, aunque puede incrementarse si se hizo uso de la violencia o los okupas van armados.