A marchas forzadas y a última hora, pero la ley de vivienda ya tiene luz verde. Tras dos años de lenta gestación en el seno de la cúpula del gobierno de coalición, las fricciones entre Unidas Podemos y PSOE bloqueaban un proyecto de ley con pinta de dilatarse en el tiempo. El culpable: la regulación del precio de los alquileres.
Sin embargo, esta mañana de martes, la intervención de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha desbloqueado el acuerdo con una “solución intermedia” en el Consejo de Ministros.
Ni la última reunión de este lunes en la que se produjeron avances significativos entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, había servido para alcanzar ese acuerdo final prioritario y paralelo a unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya encauzados y que esperaban no verse afectados como ‘venganza’.
Era la enésima vez que este asunto se caía de la agenda del Consejo de Ministros por una falta de acuerdo que acumulaba ya nueve meses de retraso. El PSOE había intentado desencallar las negociaciones reclamando la personificación de Yolanda Díaz, pero en el último acuerdo en el que se comprometían a modificar la ley, ambos partidos acordaron que fueron los ministerios de Derechos Sociales y el de Transportes los encargados. Así que deberían ser los mismos actores los que debían dar su brazo a torcer.
El PSOE se resiste a pinchar la burbuja del alquiler
Unidas Podemos se muestra inflexible: hay que poner coto a la revolución al alza de los precios del alquiler, sobre todo en aquellas zonas, como Madrid o Barcelona, donde se muestran más desmesurados. Pero el PSOE, reticente a esta condición sine qua non de la formación morada, no acaba de estar convencido.
Desde la esquina del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez se escudan en los grandes perjuicios que sufrirían los pequeños propietarios. Escudo que no entiende Podemos, que alude constantemente a que en el proyecto de ley figura que esa regulación afectaría solo a los grandes tiburones, con más de diez inmuebles en posesión, y a los fondos de inversión.
Una “solución intermedia”: solo a los grandes propietarios
No es la primera vez que el reloj fuerza a cambiar las inamovibles posturas en el tablero de las negociaciones entre los dos socios gubernamentales, que también juegan la partida de la ley audiovisual. Ya ocurrió en la sexta prórroga de los ERTE y la subida del SMI, por lo que no se descarta un volantazo hacia un camino común de última hora como el que ha acabado pasando.
Unidas Podemos no dará su brazo a torcer. Consideraba fundamental regularizar los precios del alquiler que ahogan la economía de muchas españolas, más aún tras la pandemia, y acabar con la efervescente especulación en el sector, y acusaba al PSOE, quizá con cierta suspicacia a perder el apoyo de ciertos sectores, de estar protegiendo a los fondos de inversión y, sobre todo, los fondos buitre.
Así que, finalmente, y para agilizar la aprobación de los PGE, los socialistas han aceptado esa “solución intermedia” que subrayaban los morados y que pondrá topes a los precios del alquiler para aquellos grandes propietarios, definidos como aquellos que tengan en cartera más de diez inmuebles.