El Gobierno de España respalda legalizar el uso del cannabis medicinal

El PSOE recomienda al Ministerio de Sanidad la aprobación con fines terapéuticos del cannabis, siempre bajo la supervisión de la Agencia Española del Medicamento.

El Gobierno de España respalda legalizar el uso del cannabis medicinal
El 23 de junio se votará la proposición en la Comisión de Sanidad.
Javier Martín

La legalización del cannabis en España más cerca de la luz verde del Congreso de los Diputados. Lo haría con fines terapéuticos, como avala el texto del PSOE que recomienda al Ministerio de Sanidad regularizar el uso de fármacos o preparados de la planta del cáñamo, para aquellos pacientes a los que se les prescriba facultativamente. Todo estará ‘vigilado’ por la Agencia Estatal del Medicamento.

¿Cuándo será legal el cannabis en España? La fecha prevista es el 23 de junio. Ese día se votará en la Comisión de Sanidad que se celebrará en el Congreso la propuesta de regulación presentada ayer, 30 de mayo, por el partido socialista, que ya tiene el visto bueno de la mayoría de partidos.
 
Como el PNV, que fue el impulsor de crear la subcomisión para debatir la regulación del mercado medicinal del cannabis con la aprobación del PSOE hace un año. También Ciudadanos, que incluso abogaba por una legalización generalizada como la de Canadá o Estados Unidos. La misma puerta que pretendían abrir ERC, Unidas Podemos, Junts o Más País, pero que se encargaron de cerrar los propios socialistas de forma rotunda.
 
“No queremos hacer nada que pueda incrementar la oferta y el consumo, como ha ocurrido en otros países”, señalaron fuentes parlamentarias socialistas, que desligaron que este paso hacia una regularización legal terapeútica acabe derivando en una zancada hacia una vertiente recreativa, de la que subrayaron sus efectos adversos: esquizofrenia, autolesión intencional, psicosis o incluso el suicidio.

¿Cómo será la legalización del cannabis con uso medicinal en España?

El texto del PSOE, que cuenta con testimonios de apoyo de expertos y pacientes, y ha conseguido ‘ablandar’ la postura radical contraria del PP que ahora solo sigue VOX, pretende facilitar la comercialización de los fármacos “al por mayor” de “extractos o preparados estandarizados de cannabis como los que están disponibles en otros países europeos”. De hecho, la ONU ya subrayó los beneficios del uso medicinal en 2020 en la Convención sobre Drogas.
 
De esta manera, las farmacias podrán elaborar fórmulas magistrales para su uso directo en determinados casos, siendo la prescripción de los preparados con cannabis emitida "exclusivamente por profesionales sanitarios" y "en un contexto libre de potenciales conflictos de interés". La industria farmacéutica, a pesar de las recurrentes solicitudes de la Agencia Española del Medicamente de permisos para el cultivo controlado de la planta, no fabricará ningún producto a corto plazo.
 
Asimismo, se formará a profesionales sanitarios en el uso medicinal de esta droga y se creará una base de datos de todos los pacientes que están siendo tratados con ella. En la actualidad ya existen dos fármacos con principios del cannabis: Sativex y Epidiolex, se dispensan únicamente en farmacia hospitalaria y bajo prescripción médica. Ellos dos son los pioneros y el ejemplo a seguir para que se acabe construyendo esa base legal al respecto.

¿Quién podrá hacer uso del cannabis con fin medicinal?

Las dolencias en las que parecen existir indicios más sólidos de la utilidad de los principios activos del cannabis, principalmente el THC y el CBD, son en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, dolores neuropáticos y el dolor crónico no oncológico. “La evidencia científica es limitada y está restringida a algunos diagnósticos”, apunta el texto, que señala los casos legales en los que estaría aprobado usarlo.

Además, con el objetivo de prevenir la regularización del comercio ilegal del cannabis, el PSOE reclama que el Congreso haga una valoración anual y un seguimiento de cómo funcionará la regulación a través de la comisión de Sanidad. De esta manera, España se sumaría a los diez países de la Unión Europea que ya poseen regulación legal al respecto: Alemania, Malta, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, República Checa y Portugal.

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