Este político somete su salario a consulta popular: quería ganar más que Pedro Sánchez

El protagonista de la polémica por los salarios es el nuevo Presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, quien a principios de julio proponía tener un sueldo anual de 92.928,03 euros, casi 3.000 euros más que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, que gana 90.010 euros y un 35% más que su antecesora en el puesto que cobraba casi 25.000 euros menos.

El político de Coalición Canaria ante los cuestionamientos, tanto en la isla como a nivel nacional e internacional, por el salario que pretendía cobrar, ha llamado a una consulta popular para que sean los propios ciudadanos quienes decidan cuál debería ser su sueldo en base a tres opciones predeterminadas por el Presidente y teniendo en cuenta lo que establece la Ley.

''Si yo me fuera a poner el sueldo, posiblemente estaríamos hablando de una cifra mayor, porque mi trabajo no tiene precio, igual que si le pregunto a cualquier profesional de la isla'', apuntó.

'Que el pueblo establezca mi sueldo'

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort proponía que fueran los ciudadanos quienes valorasen cuánto debe ser su salario, según lo que indica la Ley. La consulta popular inicialmente se llevaría a cabo durante 48 horas, y con la participación de toda la población de la isla, que deberían elegir entre tres opciones predeterminadas:

• El salario máximo que puede recibir por Ley, que es de 104.000 euros brutos anuales
• Un euro más que el funcionario que más cobre dentro del Cabildo, lo que serían unos 98.196 euros
• O la alternativa propuesta de 92.928,03 euros

Además, los ciudadanos iban a poder decidir si establecían para el presidente del Cabildo un sueldo de 87.000 euros brutos anuales, lo que corresponde según la ley por ejercer este cargo en una isla de 150.000 habitantes como lo es Lanzarote.

Sin embargo, no está definido del todo cómo realizará la consulta, ya que al día siguiente del anuncio, Betancort cambió de opinión y aclaró que se trataría de una encuesta telefónica a 300 residentes seleccionados para determinar su salario.

Ante esta polémica y según recoge La Voz de Lanzarote, “el Grupo Socialista hizo una petición de información sobre la normativa que ampara este tipo de consultas y cuál es el órgano competente para acordar la celebración de la misma, así como los aspectos organizativos, en especial el plazo y el mecanismo de convocatoria, así como sobre cuáles son los elementos de control que permitan garantizar la ausencia de cualquier alteración de sus resultados”.