Después de que el rey Felipe VI hiciera público por decisión personal su patrimonio, valorado en más de 2,5 millones de euros, sus cuentas serán ahora susceptibles al control de las principales instituciones de control económico del Estado. Es decir, a partir de ahora, la economía de la Casa del Rey estará 'fiscalizada' como la de cualquier otro organismo.
Es el acuerdo al que han llegado La Zarzuela y La Moncloa y que se ha plasmado en la aprobación de un Real Decreto este pasado martes en el Consejo de Ministros con el objetivo de "reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Felipe VI", tal y como justifica el Gobierno de España.
Hoy en el #CMin:
— La Moncloa (@desdelamoncloa) April 26, 2022
?Reforma de la estructura y funcionamiento de la @CasaReal
?Reconocimiento a las víctimas del bombardeo de Gernika
?Evaluación del Plan Anual Normativo 2021
?87,5 M€ para formación de trabajadores
Todos los acuerdos?https://t.co/2e6e6xertJ pic.twitter.com/VAk3IKVbj7
Hasta el momento, la Corona no tenía la obligación de justificar en qué se gastaba el dinero, en base al artículo 65 de la Constitución: existe libertad para "organizar su Casa, así como para gestionar y aplicar la asignación económica que recibe anualmente". Únicamente se le podrían reclamar una investigación de su economía si surgía su propuesta voluntaria. El Tribunal de Cuentas, recientemente renovado, se convertirá a partir de ahora en un auditor externo de la Casa del Rey.
Qué podrá controlar el Estado de la economía de la Corona
"El Rey quiere una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI. Renovación, rendición de cuentas, ahí está trabajando Felipe VI. Vamos paso a paso. Ya verán cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad", anunciaba premonitoriamente Pedro Sánchez ya en diciembre de 2020, cuando su equipo gubernamental empezaba a trabajar en las medidas y que se han aprobado una vez que la Fiscalía ha cerrado el 'expediente Juan Carlos I'.
El decreto posibilitará, entre otras cosas, que el Tribunal de Cuentas monitorice los gastos e ingresos del Presupuesto de la Casa del Rey. Además, "los altos cargos de la Casa del Rey deberán publicar anualmente su declaración de bienes, tanto en el nombramiento como en el cese, como ocurre con los demás altos cargos de la Administración", ha señalado Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Asimismo, también se estudiará la contratación en La Zarzuela: "Se mantendrá el principio de publicidad en todas las contrataciones, respetando todos los principios de la contratación pública. Se publicará en la web el procedimiento de contratación".
Otro paso más de Felipe VI
"La monarquía española se homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas", concluía Bolaños. Se trata de otro movimiento conciliador por parte de Felipe VI tras la causa abierta por parte de la Fiscalía sobre su padre, el rey emérito, Juan Carlos I: primero impuso normativamente qué obsequios podían aceptar o no los miembros de la Corona, para después establecer un código de conducta.
Un pretendido blanqueamiento de la dañada imagen reciente de la monarquía al que se unen otras acciones como la de apenas unos días atrás de publicar voluntariamente los sueldos de la Familia Real y sus altos cargos y al más reciente, y que ha contado con su total colaboración: el de situar a la Corona a la altura de las demás instituciones que hacen uso del dinero público.
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