
“Todo está en las normas, todo está en la ley”, así introducía su esperado discurso Margarita Robles en el Congreso de los Diputados para tratar de esclarecer el ‘caso Pegasus’, que acabó de explotar en la mañana del lunes cuando se supo que los móviles de Pedro Sánchez y de Robles, la propia ministra de Defensa, además de otros políticos fueron ‘infectados’ con este programa en mayo 2021 para sustraerle información.
“No voy tolerar que se hagan imputaciones a quien no puede defenderse”, insistía Robles, que no se quiso pronunciar sobre la intención del Gobierno de dejar caer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, para tratar de salvar su imagen y depurar responsabilidades. El CNI es el organismo que compró las licencias a NSO Group, la empresa externa israelí creadora y gestora del sistema de espionaje Pegasus.
Por ello, en la Comisión de Defensa del Congreso se escudó en las “normas” para no señalar quién es el culpable de velar por la seguridad de los teléfonos móviles del Presidente del Gobierno y el resto de la alta esfera política, al tiempo que destacó sentirse “particularmente orgullosa de los servidores públicos de este país” y que todos ellos trabajan “exclusivamente” conforme a la ley.
Defensa del CNI y de Esteban
“El CNI tiene un deber de secreto. Es muy cómodo que alguien diga que el CNI ha hecho esto o lo otro, porque el CNI no puede defenderse”, explicaba la ministra de Defensa, que recalcó que a pesar de que por su cargo no puede responder todo lo que debería y querría, no se esconde nunca.
“Está aguantando estoicamente”, dijo sobre la presidenta del CNI, a quien mostró su “respeto y admiración” y en donde se vierten la mayoría de las acusaciones. ¿Por qué se llevó a cabo ese espionaje enmarcado teóricamente en el curso del independentismo catalán y vasco? “En democracia solo los jueces dictan las responsabilidades. No se pueden hacer imputaciones”, espetó.
“Por suerte”, continuaba, Paz Esteban saltará al estrado público mañana para ofrecer la versión del organismo de inteligencia. Aunque sí instó a rechazar toda acusación “sin base probatoria” por la particularidad de no poder ‘hablar’ del CNI.
Aunque no lo ha hecho directamente, su principal responsable en la polémica es la unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la encargada de las comunicaciones del Ejecutivo y que en ese momento lideraba Félix Bolaños como secretario general de la Presidencia del Gobierno.
Crítica a las escuchas de Pegasus: “No es un escándalo político, es un delito”
La ministra también declaró sobre el hecho de que el Gobierno haya denunciado ante los tribunales: “Cuando se producen unas escuchas sin autorización judicial, que son ilegales y, por tanto, suponen un delito”, afirmaba, reclama que se debe tener “tolerancia cero contra los delitos y escuchas ilegales; y apoyo máximo a la Justicia y las instituciones, que sólo tienen la obligación de servir y ser transparentes”.
“No va a poder nadie con la fortaleza de las personas de ley que cumplen con la legalidad y que están en todo momento arrimando el hombro en un acto de generosidad y no en la descalificación permanente a las instituciones. Esto no es un escándalo político, es un delito”, concluía. Hay que recordar, que como apuntó ‘OKDiario’, el CNI mandó instrucciones detalladas a La Moncloa para que revisaran sus teléfonos y cómo hacerlo.
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