Podemos quiere la jornada laboral de 30 horas y un sueldo mínimo de 1.500 euros al mes

Unidas Podemos quiere virar la realidad política, social y económica de España a medio-corto plazo. Al menos, esas son sus intenciones, recogidas en su ‘Brújula para ganar una época', documento que ha elaborado esta semana una vez puestas en la palestra los distintos puntos de acción en el foro ideológico de la ‘Universidad de otoño’ celebrado esta semana. 

El PSOE celebró su mitin intergeneracional en la búsqueda de esa tan demandada unidad, y la formación morada no se quedó atrás, aglutinando y materializando su hoja de ruta futura como partido del Gobierno de coalición. Entre sus directrices, disminuir la jornada laboral actual de 40 a horas a 30, de forma general, con la intención de abrir el mercado laboral y el espacio de conciliación familiar y social. En esta línea también se encuadra la extensión del permiso laboral por maternidad y paternidad a los doce meses o la prestación universal por crianza, de 100 euros por hijo, hasta los tres años.

Otra subrayada en rojo es la progresiva subida del SMI, que pretende elevar más allá del 60% del salario medio, acercándose a los 1.500 euros al mes. Según el partido liderado por Ione Belarra, hay que sobreponer “la senda del crecimiento por encima de la inflación”. La cuestión es acabar con el “trabajador pobre”, para acercarse a los umbrales salariales mínimas de otros países como Francia o Alemania. Puntos cardinales de su brújula que no lograron incluir en los Presupuestos de 2022, como la eliminación de la tasa rosa, pero por los que se va a seguir porfiando con la intención de aplicarlos en 2030.

Economía: reforma fiscal e impuesto a la banca

En búsqueda de una cierta justicia, pretende también imponer una nueva fiscalidad a los que dispongan de más recursos económicos, y que no puede ser regateado por letras pequeñas en las distintas autonomías, y a las grandes empresas, que no sea ni mucho menos menor que la de las pymes. La meta, en cualquier caso, es una “fiscalidad justa”. En su diana de nuevos impuestos también está la banca, que a su juicio debería pagar más para cumplir con mayor celeridad ese rescate que aún pagan las arcas del Estado. 

La evasión fiscal es otro de sus puntos clave. Se desea acabar con ella con medidas como la creación de una lista negra de aquellos que poseen cuentas en paraísos fiscales, poner coto a la técnica de enriquecimiento del “uso de sociedades pantalla para hacer negocios particulares” y al no tributar en los lugares territorialmente correspondientes con la actividad económica practicada al efecto.

Asimismo, quiere prohibir la entrada de fondos de inversión en los servicios públicos o implantar al máximo empresas públicas en sectores estructurales como energía, telecomunicación, banca o farmacéutica. Del mismo modo, apunta a reducir al máximo, con el objetivo porcentual del 50%, la dependencia energética, priorizando el uso de las fuentes renovables; y alcanzar en plazo de 10 años una tasa del 100% en el consumo alimentario de proximidad de los organismos públicos. Triplicar la inversión pública cultural o declarar el Mar Menor parque regional son otras de sus directrices.

Transporte: eliminar la privatización

Parar y cancelar cualquier proceso de privatización en este sector y suprimir también los futuros. Pretende darle un vuelco a la filosofía actual de transporte. Así, entre las acciones para ello estarían eliminar vuelos de corta distancia que tuvieran otras alternativas como tren o bus, impulsar transportes ecológicos y el público y la implantación de nuevo mallado intermodal que conecte como se merece a la 'España vaciada' con el resto del país".

Social: cobertura a la ‘España vaciada’ y los colectivos minoristas

El decreciente colectivo residente en pueblos o zonas menos habitadas es uno al que se dirige su foco de acción. Para la denominada ‘España vaciada’, prepara acciones como priorizar y potencias los cuidados domiciliarios a mayores en lugar de los residenciales o la instalación de plantas de energía renovables a consulta, con ventajas como la participación de agentes locales o reducciones en la tarifa eléctrica. También habrá otras ventajas para las empresas que trasladen allí sus sedes, donde se quieren nutrir la red de servicios básicos como educación, sanidad o internet.

Transformar de "forma extraordinaria a la gran bolsa de personas sin papeles que se ha acumulado en los últimos años como consecuencia de unas políticas de extranjería crueles e ineficaces" es otro de sus puntos clave. Imágenes recientes como las de Arguineguín es lo que se quiere evitar. También blindar a otros colectivos minoristas como con “una nueva generación de derechos feministas” y otras libertades para “desterrar” los prejuicios que quedan con personas, por ejemplo, LGTBI. Al hilo, quiere un DNI que permita la contemplación de un tercer sexo.

La igualdad en el trabajo es otro de sus mantras. Sobre todo focalizar esa “modernización y democratización” en la Policía, Guardia Civil y Ejército, donde se pretende alcanzar que la mitad de sus trabajadores sean mujeres. Para estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de las Fuerzas Armadas, también desea un aumento mayor al doble del SMI y el IPC y garantías laborales para aquellos mayores de 45 años.