BBVA ha sido condenado a pagar 2,8 millones de euros al tesoro público por el cobro excesivo de intereses al Fondo de Financiación de los Pagos Proveedores del Estado que creó el Gobierno de Mariano Rajoy para tapar el agujero de los más de 40.000 millones de euros en concepto de facturas impagadas acumulados durante los años de la crisis financiera que debían las Administraciones Públicas españolas.
Así lo ha reconocido el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid, que ha admitido de forma parcial en su sentencia la demanda de la Abogacía del Estado presentada por cobro indebido y enriquecimiento injusto que exigía el pago de 12 millones de euros a la entidad bancaria ahora presidida por Carlos Torres, tal y como recomendaba el informe de cuentas anuales del Fondo de Financiación de las CCAA de 2020 después de que aceptara a proceder a su financiación.
Intereses sí, comisiones no
La Intervención General del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda complementó con otra investigación el efectuado en un comienzo en 2013 para analizar las cuentas del Fondo y concluyó "pagos excesivos de comisiones de corretaje y sus intereses devengados" que incluso deberían haber conllevado la cancelación prematura del acuerdo Estado – BBVA.
Sin embargo, el juez solo ha admitido el excesivo importe de los intereses y no el de las comisiones, por lo que el banco se ahorra, de momento, nueve millones de euros del total de los 11,5 que le solicitaba el erario español. Un primer envite de una contienda legal que se prevé larga y en instancias superiores, ya que BBVA ha recurrido la sentencia, tal y como informa el Ministerio de Hacienda en las cuentas anuales del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. Por el momento se desconoce si la Abogacía del Estado tomará el mismo camino.
BBVA y otros bancos sacaron provecho la coyuntura
Asfixiado por la enorme deuda pública con los proveedores de bienes y servicios a los que empezaba a empujar al vacío de la quiebra, y con la imposibilidad de acudir a un mercado de capitales inflacionado o bloqueado, el Gobierno de Mariano Rajoy se quedó con la única vía de tener que crear este Fondo para a pedir socorro financiero a los bancos. En este caso, el BBVA, junto a otros principales bancos nacionales, le echaron el flotador, ofreciéndose a sufragar los casi 34.000 millones de euros.
¿Qué pidieron cambio? Que ese dinero que se le entregaba al Fondo para gestionar la financiación y pagar las facturas para evitar una catarata de demandas de responsabilidad patrimonial que podrían haber puesto en jaque la estabilidad económica de las Comunidades Autónomas, tuvieran la posibilidad de ser usados como garantía ante el Banco Central Europeo en operaciones de política monetaria.
Esto derivó en un molde de acuerdo jurídico para gestionar la utilización de esos fondos que convirtió en un préstamo independiente cada partida de dinero dirigido a satisfacer la deuda de la Administración Pública.
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