
El Gobierno de España tendrá que acometer reformas económicas para la obtención de los fondos europeos tras el acuerdo alcanzado con Bruselas. Para poder recibir dichos desembolsos por parte de Europa está obligado a aprobar 50 leyes desde este año y hasta finales de 2023. Esto supondría la aprobación de una ley cada dos semanas para así cumplir el objetivo que se formalizó en el acuerdo con la Unión Europea.
Pese a eso, el ejecutivo de Sánchez no le va a resultar fácil cumplir dicho objetivo y es que ya la pasada semana tuvo dificultades para poder aprobar la legislación sobre los interinos y que debería de haber entrado en vigor durante el segundo semestre de este mismo año. Este decreto formaba parte de uno de los objetivos comprendidos en los acuerdos formalizados con la UE. Este era indispensable para la obtención del primer desembolso económico que se llevará a cabo a finales de este 2021, y que tendrá un valor de 11.400 millones de euros.
Pero no es el único problema que el Gobierno central se encontrará para poder cumplir con los objetivos marcados y que pueda realizarlos en el límite de tiempo marcado. También hay retrasos con la puesta en marcha de la plataforma digital que tendrá como finalidad poder registrar todos los pagos que España reciba y que, con ella, Bruselas pueda controlados, siendo una pieza fundamental para que se pueda recibir el primer pago de los fondos europeos. Además, aún no se ha creado la unidad de la Autoridad Fiscal cuya función será elaborar las revisiones de gasto con el objetivo de mejorar la eficiencia.
A las dificultades mencionadas anteriormente, hay que añadir las que se ha encontrado la administración nacional con sus socios de Gobierno como serían el caso de Podemos, ERC y PNV. La formación vasca se encuentra molesta con la gestión de la pandemia, así como de muchas de las decisiones que se han querido tomar desde los ministerios que controla Unidas Podemos. Por otro lado, la propia formación morada se ha llegado a posicionar en contra de leyes que ellos mismos habían aprobado anteriormente en el Consejo de Ministros, lo que hace patente la dificultad y la lentitud para alcanzar los objetivos acordados a tiempo.
¿Y si no se cumple alguna reforma?
Desde Bruselas han asegurado que, en caso de no poder cumplir alguna normativa que se encuentre estipulada en el acuerdo, siempre se dará una segunda oportunidad para poder llevarla a cabo. Además, existirá una sanción económica en forma de rebaja en la inversión de los fondos europeos, por lo que, en caso de que el ejecutivo nacional no cumpla los objetivos, España no percibiría la totalidad de dichas ayudas.
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