El Gobierno contratará como asesores a personas condenadas o imputadas

Isabel Serra, Carlos Sánchez Mato y Celia Meyer puede que no sean las últimas contrataciones de este tipo del Gobierno de España. Los tres han estado o están inmersos en diversos procesos relacionados con la Justicia, aspecto que el Ejecutivo no considera inconveniente alguno para que se incorporen a trabajar a su plantilla.

Concretamente ha sido el Ministerio de Igualdad, que anunció el pasado mes de octubre el fichaje de Serra, Mato y Meyer al equipo de trabajo de Irene Montero con vistas al grueso de la segunda legislatura, el que ha puesto en valor la contratación como asesores de personas a condenados o imputados.

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Pablo Cambronero, exdiputado de Ciudadanos y ahora en el Grupo Mixto del Congreso, ha motivo la defensa activa del departamento ministerial después de cuestionar y solicitar todo tipo de detalles de las tres incorporaciones durante la ronda de preguntas del Consejo de Ministros.

El Ministerio de Irene Montero defiende la contratación de condenados e imputados

Isabel Serra, cuya contratación responde a potenciar “alianzas internacionales feminista para situar a España en la punta de lanza de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI”, según recalcó a Montero, fue condenada por el Supremo a un año y siete meses de inhabilitación el pasado mes de julio por agredir a una mujer policía durante un desahucio.

Serra, Mato y Meyer, causas abiertas con la Justicia

Por su parte, Carlos Sánchez Mato, acusado junto a Celia Meyer de un presunto delito de malversación y prevaricación, motivado por una denuncia del PP, al encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis, se une como asesor económico.

Meyer, en cambio, asumirá la jefatura de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad. Ya fue miembro del Gobierno municipal de Manuela Carmena.

Cambronero califica al Ministerio de Igualdad como una “agencia de colocación”

"Esto no es un Gobierno, es una banda de cuatreros", espetaba el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero en sus redes sociales, una vez recibía la respuesta personal del Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero en comunicación oficial. Su pregunta inicial se basaba en los motivos técnicos de “contratación de diversos delincuentes por Irene Montero”. Las labores que van a ejercer, sus horarios de trabajo y sus salarios públicos fueron otras de las cuestiones.

"Cuál es la utilidad para los ciudadanos de estos puestos de designación digital", formulaba también Cambronero a Igualdad, nutrido en su mayor parte por miembros de Unidas Podemos. "Más bien parece que esas carteras se están convirtiendo en agencias de colocación para los residuos de un partido que cuenta en sus filas con personas condenadas por los más diversos hechos delictivos".

A su juicio, parecía que los ministerios dirigidos por “podemitas” estuvieran llenándose con “afines” en “puestos inventados”. El Ministerio de Igualdad contestó que realizarían "funciones de confianza" y "asesoramiento especial”. “Se encuentran previstos en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo y son retribuidos con cargos a los créditos presupuestarios consignados para es fin", continuaba, al tiempo que añadía que esto “no es objeto de baremo”.