El Gobierno aprobará un nuevo decreto para bajar la factura de luz a niveles de 2018

El Gobierno de España ultima los detalles de un nuevo decreto ley que trate de bajar la factura de la luz más cara de la historia. Será el tercero, después del tijeretazo a las eléctricas que impuso escasamente hace un mes, con tal de cumplir la promesa realizada por Pedro Sánchez a la vuelta de sus vacaciones: que el recibo eléctrico al término de este 2021 sea calcado al de 2018.

Los 64,37 euros de ese año están prácticamente a un mundo de los casi 100 que se han registrado de pago en un hogar medio este mes de octubre, con la crisis de las energías vigorizándose, retroalimentada por la crisis de suministros. Hay falta de carbón y el gas se ha disparado estratosféricamente. Y esa es la obsesión del Gobierno. Tratar de hacerle la cobertura desesperadamente a su presidente, con tal de que no quede expuesto ante la opinión pública.

“Ante la coyuntura de elevadas cotizaciones del precio del gas en los mercados internacionales, el Gobierno está trabajando con las asociaciones de renovables para encontrar soluciones adicionales a las ya adoptadas que rebajen el precio de la energía eléctrica, al igual que lo viene haciendo durante los últimos meses con las asociaciones de consumidores, con la industria y con las empresas eléctricas”, explican desde el Ministerio de Transición Ecológica.

El Gobierno destinará 7.000 millones de euros anuales al ahorro de la tarifa reguladora

Esas son las dos patas del plan del Gobierno y que articularían este tercer decreto ley para volver a topar la factura de la luz. De esta manera, se aprovecharía el régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) para disminuir el coste eléctrico de las industrias de este tipo de energías y, consecuentemente, reducir el precio final a pagar por los usuarios.

Este movimiento, que se pretende mantener en la totalidad del 2022 pero será de efecto inmediato, servirá para brindar 90 teravatios hora (TWh) a los beneficiarios de la tarifa regulada (PVPC) gracias a una partida que contempla 7.000 millones de euros anuales. Más que tratar de escudar a los consumidores, desde el sector de las renovables creen que estas medidas gubernamentales van encaminadas a salvaguardar la credibilidad de Pedro Sánchez: “Es un compromiso que nadie les ha pedido, pero que está marcando su agenda energética”.

Las renovables están molestas con el ejecutivo de Sánchez

“Estas empresas les han ganado el enfrentamiento y han logrado implicar a la Unión Europea, ahora buscan que seamos los pequeños generadores de energía renovable los que nos convirtamos en los grandes aliados del Gobierno”, declaran desde el sector de las energías renovables, haciendo alusión a que Teresa Ribera ha enfilado al colectivo de menor entidad tras no poder con el de las eléctricas.

La medida ya fue recibida con recelo este martes, cuando la ministra de Transición Ecológica se lo comunicó a las asociaciones de renovables (AEE, Appa, Unef, Anpier y Protermosolar) y las de cogeneración (Acogen y Cogen) en una reunión posterior a su viaje a Escocia para la COP26. Su enfado viene de lejos. Durante la pandemia, con los precios de la electricidad en mínimos, pidieron ayuda al Gobierno para rentabilizar sus fábricas, ante la que se hizo caso omiso. Ahora, se les pide un esfuerzo.