El ERE de Vodafone tiene letra pequeña. La compañía inicialmente conocida como Racal Telecom ha ofrecido a los afectados el Expediente de Regulación de Empleo tiene dos posibilidades: elegir salir de la empresa para siempre y coger el finiquito o, como novedad, pasar a ocupar un puesto de trabajo en alguna de sus tiendas externalizadas de telefonía móvil y banda ancha con las que opera.
Esta última vía, por el contrario, llevaría daños colaterales asociados al posible cierre de diversas sucursales de la compañía, pero desde la multinacional con sede central en Reino Unido creen que es la vía más beneficiosa: "Entendemos que es una buena noticia para los compañeros, que ven alejarse un despido posterior en unas condiciones inferiores y fuera del foco mediático".
Sin embargo, los representantes sindicales que forman parte de una negociación todavía en curso desde que la empresa anunciara el pasado mes de septiembre un ERE a aplicar a los 515 afectados se han mostrado reacios con este camino de la subrogación, ya que creen que no ofrece las suficientes garantías.
Vodafone ya recortó su ERE inicial
No es el primer volantazo que da Vodafone sobre su hoja de ruta inicial. El último acercamiento entre sindicatos y los altos cargos de la empresa finalizó con una rebaja de 42 trabajadores del ERE. Es decir, se pasó de los 515 iniciales sobre los que se aplicaría la medida en un principio, a los 467.
Además, a estos se les redirigiría laboralmente, ocupando 32 las vacantes del plan social, mientras que los otros diez, cubrirían bajas voluntarias o movimientos interdepartamentales. Se estudiaría, asimismo, la formación para aquellos traslados laborales que fueran necesarios. También, la compañía prometió estudiar la fórmula para evitar el cierre de las 34 sucursales previstas mediante la externalización de sus servicios. Los 237 empleados de estas se ubicarían en el sector de la distribución.
Los sindicatos ven las medidas del ERE de Vodafone “insuficientes”
La postura de los representantes sindicales no ha variado a pesar de las concesiones de Vodafone. La consideran “claramente insuficiente” y ha contraofertado una garantía de empleo de dos años. Además, de 58 días por año trabajado con límite de 42 mensualidades, más 6.000 euros para aquellos que cobren menos de 35.000 anuales.
No son sus únicas propuestas. Asimismo, requieren que las prejubilaciones se realicen desde los 53 años, con rentas hasta los 63 años, y hasta los 65 años, cuando se produzcan con 60. Las indemnizaciones serían del 85% del sueldo fijo y un 50% en el del variable teórico. Para sumarse a esta situación será necesario acreditar un mínimo de siete años de antigüedad.
Del mismo modo, ha instado a obviar el filtrado de perfiles, la territorialidad y que prevalezca la voluntariedad, así como proteger de forma deliberada a aquellos empleados con discapacidad reconocida de, mínimo, 65%, los que tengan pareja o hijos o víctimas de violencia de género.
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