El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha asegurado que "carece de competencias" para evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Telefónica, que afecta a más de 5.000 trabajadores, y ha vinculado esta limitación a la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno del PP.
La posición del Ejecutivo se refleja en una respuesta parlamentaria remitida al diputado del BNG, Néstor Rego, quien había registrado una batería de preguntas para conocer la valoración del Gobierno sobre esta operación y las posibles medidas a adoptar, al considerar que el ERE es "tan desproporcionado" teniendo en cuenta la participación del Estado y los beneficios netos de la empresa: 2.304 millones de euros en el ejercicio de 2024.
El Estado participa en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 10% del capital. Esto lo convierte en el segundo accionista tras Morgan Stanley (13,091%). "Con estas cuentas sobre la mesa, no se justifica un ERE. Es absolutamente inconcebible que una empresa participada por capital público promueva la destrucción de empleos estables", sostiene Rego en su escrito.
En su contestación, el Gobierno señala que, al tratarse de un despido colectivo, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "carece de competencias como consecuencia de la derogación que respecto de esta cuestión supuso la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Grupo Parlamentario Popular". La normativa aprobada entonces eliminó la autorización administrativa previa en los ERE, limitando la capacidad de intervención directa de la Administración laboral.
Aunque Díaz impulsó en 2021 una nueva reforma laboral con el objetivo de revertir los aspectos más lesivos de la regulación anterior, el texto finalmente aprobado no modificó determinados aspectos vinculados al despido como la cuantía a percibir en casos improcedentes.
"Es responsabilidad de la compañía"
Por otro lado, el Ejecutivo ha evitado pronunciarse sobre la idoneidad de la operación y ha subrayado que Telefónica es una empresa privada en la que la SEPI mantiene una "participación minoritaria". "Es responsabilidad de la compañía definir su propia estrategia en relación con la gestión de sus recursos", señala el Gobierno en su respuesta parlamentaria.
A renglón seguido, el Ejecutivo remarca la "autonomía" de Telefónica como empresa privada y su capacidad para adoptar decisiones en función de su situación financiera y su visión empresarial, desvinculando así su posición accionarial de la decisión de ejecutar el ajuste.
