Con 76 años, Neuro sigue recorriendo las calles de Roquetas de Mar sobre una moto para repartir comida. Lejos del descanso que debería acompañar a la jubilación, su día a día es una carrera contrarreloj para poder sobrevivir. Si la situación de las pensiones ya resulta complicada para muchos contribuyentes españoles, para una persona migrante puede ser aún más dura. Es el caso de este venezolano que trabaja como repartidor en Glovo pese a su avanzada edad.
Neuro dejó su país en 2022 para venir a la península, pero la pensión que recibe de Venezuela es insuficiente para vivir. La realidad de muchos migrantes jubilados que llegan a España es que, para acceder a una prestación aquí, deben cumplir los requisitos establecidos en los convenios bilaterales entre Estados, un proceso que no siempre resulta sencillo ni inmediato.
Como relata al medio almeriense Originem, la necesidad de trabajar a su edad le ha llevado a enfrentarse a una situación de fuerte desprotección: durante meses estuvo trabajando sin sueldo y sin estar dado de alta en la Seguridad Social.
Recibe 7 euros de su pensión venezolana
Neuro, que vive en Roquetas de Mar con su hijo, cobra una pensión de casi 7 euros mensuales por los años trabajados en Venezuela. Una cantidad que no le alcanza “ni para un kilo de carne”, explica. Si muchos pensionistas en España apenas llegan a fin de mes por el encarecimiento del coste de la vida, para alguien que percibe esa cuantía resulta imposible plantearse la jubilación.
En Glovo encontró una oportunidad, aunque a un alto precio. Tuvo que invertir en una moto para empezar a trabajar y lo hizo sin cuenta propia, alquilando una a cambio de ceder parte de sus ingresos. Una práctica habitual dentro de la economía sumergida. Llegó a trabajar 12 horas diarias, sin amparo legal.
Esa fue su realidad hasta que consiguió empleo en una flota intermediaria que gestionaba repartidores de Glovo, donde pasó a tener contrato, salario y un horario de 30 horas semanales. Sin embargo, su estabilidad volvió a tambalearse cuando el Ministerio de Trabajo obligó a la plataforma a eliminar estas flotas por considerarlas empresas pantalla. Aunque la Ley Rider entró en vigor en 2021, muchas de estas estructuras continuaron funcionando durante un tiempo.
Una baja médica destapó su vulnerabilidad
La normativa obligaba a la plataforma a contratar directamente a los repartidores y respetar los contratos vigentes, como el de Neuro. Durante meses continuó trabajando con normalidad. Sin embargo, al solicitar una baja médica de siete días, descubrió que su alta había sido anulada meses antes. Había estado trabajando sin cotizar oficialmente, pese a que en su nómina le descontaban las cuotas correspondientes.
La situación se complicó por un posible cruce de datos con su hijo, que tiene el mismo nombre y también trabajaba en la empresa. Además, acumuló dos meses sin cobrar salario, pasando la Navidad, el Año Nuevo y los Reyes sin ingresos mientras seguía repartiendo comida.
Fue tras la intervención sindical y la amenaza de denuncia cuando la empresa abonó los salarios atrasados y volvió a contratarlo legalmente.
Pese a todo, Neuro continúa trabajando porque, asegura, si no, “se vuelve loco”, y seguirá haciéndolo hasta que el médico le diga que “no puede más”.
