La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha cuestionado la viabilidad de la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) al considerar que, sin un aumento de la plantilla ni una mejora retributiva, la medida puede convertirse en una “trampa” para los empleados públicos y para la calidad del servicio.
En un comunicado difundido este viernes, la organización que agrupa a los altos funcionarios ha reconocido que la reducción de la jornada semanal puede favorecer la conciliación y el bienestar de los trabajadores públicos. Sin embargo, advierte de que trabajar menos horas sin modificar los recursos disponibles dificulta mantener los mismos estándares de servicio a la ciudadanía.
El aviso llega después de que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, anunciara que la implantación de la jornada de 35 horas en la AGE comenzará en la primera quincena de abril. La medida cuenta con el respaldo de los principales sindicatos del sector público —CCOO, UGT y CSIF— y se enmarca en las políticas del Gobierno para mejorar las condiciones laborales.
Más productividad sin compensación
Fedeca ha subrayado que, si la Administración pretende sostener el nivel de servicio con menos horas de trabajo, será necesario exigir un aumento de la productividad a los empleados públicos. A su juicio, este esfuerzo adicional debería ir acompañado de un reconocimiento económico.
“Exigir más eficiencia sin una compensación acorde supondría trasladar la presión sobre los empleados públicos sin abordar los problemas estructurales de la organización administrativa”, señala la federación en su comunicado.
La organización también alerta de que presentar la medida como una mejora salarial —al aumentar el salario por hora trabajada— puede resultar engañoso. En su opinión, este enfoque oculta la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los funcionarios en la última década.
Una pérdida de poder adquisitivo persistente
Según recuerda Fedeca, los empleados públicos arrastran una merma cercana al 20% de su poder adquisitivo desde 2010, un deterioro que, a su juicio, no ha sido compensado por las recientes subidas salariales pactadas entre el Gobierno y los sindicatos.
Este contexto, añaden, obliga a abordar la reforma de la jornada laboral dentro de un debate más amplio sobre la estructura de la función pública. La federación reclama una planificación adecuada de efectivos y una dotación suficiente de recursos para evitar que la reducción de horas derive en un deterioro de los servicios públicos.
En este sentido, Fedeca insiste en la necesidad de abrir un “diálogo realista y constructivo” que tenga en cuenta tanto las condiciones laborales de los funcionarios como las exigencias de un sistema administrativo que, advierten, ya opera con tensiones estructurales.
