La Coordinadora Estatal Personal Público Temporal (Ceppt) ha solicitado al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, una reunión para discutir la problemática de la temporalidad en el empleo público.
En un comunicado recogido por Europa Press, los empleados públicos temporales han manifestado su descontento, señalando que durante la legislatura anterior, la entonces vicepresidenta primera y exministra de Función Pública, María Jesús Montero, mostró “sensibilidad y comprensión” hacia su situación, remitiéndoles a su jefe de gabinete. Ahora, han destacado que, actualmente, el ministro Escrivá y su equipo han mantenido un “silencio” total al respecto.
“Nos merecemos una interlocución directa y fluida como representantes de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores temporales de todas las administraciones españolas”, subrayan desde Ceppt.
No descartan visitas Bruselas
Ante esta situación, la Coordinadora ha advertido que retomarán “las movilizaciones oportunas” y no descartan “visitar Bruselas de nuevo” para denunciar la inaplicación de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, así como la falta de respeto a los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los abusos de temporalidad en el Derecho español.
Otras noticias interesantes
-
La reforma laboral dos años después: ¿Ha sido realmente tan eficaz para reducir la temporalidad?
-
Radiografía de la sanidad española: temporalidad y escasez de profesionales en áreas muy marcadas
Lo más leído
-
Hacienda perdonará las deudas a todos los contribuyentes que sean inferiores a estas dos cantidades
-
El país menos corrupto de Europa busca españoles para trabajar hablando español y con salarios de 5.300 euros
-
Una pareja encuentra 60.000 euros en monedas de oro medievales mientras paseaban con su detector de metales
-
Ni 65 ni 66 años: esta será la nueva edad de jubilación a partir del 1 de enero
-
Precio de la luz mañana 19 de diciembre por horas: cuándo es más barata y más cara
-
La justicia permite a un abuelo quitarle a sus nietos los 89.000 euros de herencia que les correspondían de la legítima