El Congreso de los Diputados afronta este miércoles, 10 de septiembre de 2025, un examen decisivo para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. En una única votación se resolverán las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts para devolver la iniciativa al Gobierno. La aritmética es estrecha, ya que esas tres formaciones alcanzan 177 escaños, mayoría absoluta suficiente para tumbar el proyecto impulsado por Yolanda Díaz, salvo que Junts varíe su posición o el bloque gubernamental acuda con todos sus diputados.
Si la formación independentista retira su enmienda y vota contra los vetos de PP y Vox, la ley superaría sin apuros este primer filtro. En cambio, si Junts se abstiene, el Gobierno necesitaría alinear todos sus apoyos para rebasar los 171 votos que suman populares, Vox y UPN. En un desenlace tan ajustado, la presencia del exministro José Luis Ábalos (Grupo Mixto) puede resultar determinante.
Yolanda Díaz asegura que si tumban la reducción de la jornada laboral, la volverá a llegar al congreso
La negociación se mantiene abierta. Yolanda Díaz confirmó este fin de semana que dialoga directamente con Carles Puigdemont con el objetivo de salvar la tramitación. “Esta norma va a continuar, no la vamos a retirar… España va a saber de qué lado está cada quién”, afirmó la vicepresidenta en un acto en Alcorcón, donde evitó pronosticar el resultado pero dejó claro que, si el Congreso tumba el texto, volverá a registrarlo. En paralelo, desde el Ministerio de Trabajo subrayan que la reforma “ya no admite más aplazamientos” porque afecta a más de doce millones de personas.
Junts ha mantenido durante las últimas semanas su enmienda de devolución, con el foco en el impacto sobre las pymes y en la falta de negociación en origen. El partido ha llegado a explorar beneficios fiscales o apoyos específicos para pequeñas y medianas empresas a cambio de reconsiderar su posición. En el tablero catalán, la patronal Foment del Treball y su presidente, Josep Sánchez Llibre, han tenido un papel activo elevando las preocupaciones empresariales, mientras el entorno de Sumar reivindica que la medida empujaría productividad y calidad de vida.
El itinerario hasta aquí ha sido accidentado. Trabajo pretendía someter a voto la ley en julio, antes del parón estival, pero la falta de un acuerdo con Junts forzó el aplazamiento “a la vuelta del verano”. La comparación con la reforma laboral de 2022, aprobada por un margen mínimo, sobrevuela las quinielas de última hora.
Si la iniciativa supera el primer corte, se abrirá el plazo de enmiendas al articulado y proseguirán las conversaciones para asentar una redacción con respaldo mayoritario, previsiblemente con un capítulo de acompañamiento a pymes. Si fracasa, el Gobierno deberá reiniciar la tramitación y reordenar su calendario legislativo, en un contexto de mayor polarización y con la agenda social como eje de disputa.
Así y por todo lo explicado todavía quedan por conocerse detalles que pueden inclinar la balanza, como el paquete concreto de apoyos a pymes que Trabajo estaría dispuesto a incorporar, el sentido final del voto de Junts (o una eventual abstención) y la asistencia de la totalidad de los diputados de ambos bloques. El resultado, en cualquier caso, definirá si la reducción de jornada laboral avanza ya por la vía parlamentaria o si se abre un nuevo tiempo de negociación.
