La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha rescindido el contrato a la empresa que se encargaba de la limpieza y el mantenimiento de las bibliotecas de toda la comunidad por incumplir las condiciones de su acuerdo de trabajo. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dejado a la empresa ‘Clide Mantenimiento’, responsable de la conservación de estos centros de lectura, sin contrato y le ha impuesto además una sanción de 414.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
Y es que no es para menos, ya que además de no cumplir con su trabajo, estaba poniendo en riesgo la seguridad de los visitantes y ni siquiera cambiaba las bombillas averiadas. Según Más Madrid, este es otro ejemplo de lo que pasa “cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo”, ya que básicamente se adjudicó este contrato a la empresa que presentó la oferta económica más barata.
La adjudicación del contrato tuvo lugar en noviembre de 2023 a favor de esta compañía con sede en Madrid. A la licitación se presentaron hasta 12 entidades, aunque finalmente ‘Clide Mantenimiento’ fue la que consiguió el servicio gracias a una propuesta económica más baja: se comprometía a realizar las labores durante dos años por 852.944 euros (IVA incluido), frente al máximo de 1.176.475 euros que la Comunidad de Madrid estaba dispuesta a asumir.
El acuerdo comprendía el “mantenimiento, conservación y reparación” de los inmuebles que albergan las 13 bibliotecas dependientes del Gobierno autonómico, así como de los seis módulos de ‘Bibliometros’ situados en estaciones del Metro madrileño. Entre las tareas previstas también figuraban trabajos de jardinería en ocho centros que disponen de zonas verdes.
El contrato establecía “un mantenimiento integral” de todas estas instalaciones. Bajo el término “integral”, la Consejería agrupaba “el conjunto de trabajos de mantenimiento normativo, preventivo, predictivo, conductivo y correctivo de las instalaciones y sistemas de los inmuebles, así como la conservación y reparación de los mismos, necesarios para mantener cada inmueble en condiciones de uso durante su período de vida útil, optimizando el consumo energético, previniendo los posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de posibles agresiones”. Esta responsabilidad abarcaba desde las redes de saneamiento y fontanería hasta los sistemas eléctricos, de climatización, telecomunicaciones, audiovisuales, protección contra incendios, puertas y ascensores.
El pliego contemplaba, además, que la empresa adjudicataria se encargara de montar y reparar el mobiliario (estanterías, mesas, sillas, mostradores o carros), mantener cortinas, persianas y toldos, eliminar graffitis, realizar la limpieza general, sustituir banderas, conservar los vidrios característicos de muchos edificios e incluso gestionar el control y la prevención de la legionella. Otra obligación destacada era el mantenimiento de las zonas ajardinadas. Las averías urgentes debían solventarse en menos de tres horas. En conjunto, las bibliotecas de la Comunidad disponen de 3.350 plazas de consulta (3.013 de lectura) y reciben anualmente unos 2,8 millones de usuarios.
Incumplimientos que comprometían “la seguridad de las personas”
Clide Mantenimiento inició el servicio a finales de 2023 y lo continuó durante 2024. No obstante, a comienzos de 2025 la Consejería de Cultura decidió abrir el proceso de resolución del contrato debido a reiterados incumplimientos. La Administración sostiene que la empresa no designó “un técnico responsable que cumpla con los requisitos exigidos en los pliegos”, puesto que se requería un ingeniero o un arquitecto.
Tampoco “ha dispuesto del número mínimo de trabajadores con la titulación y experiencia requeridas”. Igualmente, no se prestó el servicio de jardinería porque Clide no abonó los trabajos a la subcontrata encargada. Otro incumplimiento señalado es que “no se han realizado las operaciones de mantenimiento comprendidas en el contrato por falta de personal cualificado requerido en el mismo”.
Los problemas de liquidez de la empresa, además, “ha limitado la adquisición y disponibilidad de materiales necesarios para el mantenimiento correctivo, sustituciones y reparaciones”. Para la Consejería, “la falta de ejecución de esos mantenimientos correctivos esenciales han comprometido gravemente la seguridad de las personas y operatividad de los centros”. Un portavoz matiza que dicha expresión “debe entenderse en su acepción estrictamente técnica, conforme a la terminología empleada en los procedimientos de gestión y conservación de edificios e instalaciones públicas.
Resulta necesario subrayar que dicha expresión no implica la existencia de riesgos directos, inminentes ni reales para las personas usuarias o para el personal de las bibliotecas, ni describe situaciones de peligro que hayan comprometido la integridad física de los ocupantes. Su utilización responde únicamente a criterios de valoración técnica en el marco del expediente de resolución contractual”.
Una gestión pública convertida “en un mercadillo”
Entre los incumplimientos detectados también figura que la empresa no atendió “la atención de avisos, urgentes y no urgentes”. Incluso dejó sin hacer tareas básicas como “realizar los trabajos de sustitución de bombillas en las zonas de gran altura ni la revisión y mantenimiento preventivo de la estructura y cubiertas, fachadas y cubiertas de difícil acceso”. Este medio intentó contactar con representantes de Clide, pero ni su página web ni su teléfono están operativos.
Desde Más Madrid, la diputada Diana Paredes sostiene: “Esto es lo que pasa cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo: adjudicas al más barato y acabas pagando el doble en chapuzas, impagos y servicios que no llegan. ¿La consecuencia? Bibliotecas con ventanas rotas, alarmas que no funcionan, cerraduras estropeadas y ascensores sin arreglar. Una empresa que se lleva el dinero de los madrileños sin cumplir el servicio y que nos costará el doble. No es eficiencia, es el modelo Ayuso, precariedad disfrazada de gestión”. Tras resolver el contrato, el Ejecutivo autonómico ha impuesto a la empresa una sanción de 414.309 euros por daños y perjuicios.
