Por muy asentados que estén, hay derechos laborales básicos que se siguen vulnerando, como es disfrutar de los descansos mínimos reglamentarios o cobrar el salario mínimo. Una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Castellón así lo ha reflejado, donde se condena la explotación laboral que sufrió una pareja de inmigrantes durante años.
Ninguno de los miembros de la pareja tenían el permiso de residencia en España y se encontraban trabajando en un restaurante y un salón de té ubicados en la localidad de Benicarló, perteneciente a la Comunidad Valenciana. En la resolución judicial, que es firme, se estableció que los dos hosteleros para los que trabajaban “se aprovecharon de la situación de necesidad” de la mujer y su compañero sentimental para emplearlos sin contrato ni alta en la Seguridad Social en los dos negocios, entre 2018 y 2020.
Las condiciones laborales a las que estaban sometidos hablaban por sí solas y es que, en la misma sentencia (publicada por el Consejo General del Poder Judicial), se recogía que la mujer, que trabajaba como camarera en el restaurante, tenía una jornada diaria de 8 horas que ascendía a 13 horas los viernes, sábados y domingos y algunos días entre semana “cuando se retransmitía fútbol por televisión”.
Asimismo, no contaba con días de descanso ni vacaciones, todo ello a cambio de un salario mensual de 700 euros, por debajo de la cifra fijada por el Salario Mínimo Interprofesional en los años que prestaron sus servicios. Su pareja estaba empleado en condiciones similares en el salón de té, donde trabajaba como camarero, cocinero y limpiador.
6 meses de cárcel, multa de 3.300 euros e indemnización
Por todo lo anterior, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón impuso a la pareja una pena de seis meses de cárcel y les condenó a pagar una multa de 1.080 euros a cada uno, por explotar laboralmente a la pareja de inmigrantes. Asimismo, les condenaron a pagar conjuntamente una indemnización de 3.300 euros a las víctimas.
La sentencia derivó de un acuerdo de conformidad suscrito por las partes el día del juicio, celebrado el pasado 12 de mayo, en el que los dos acusados admitieron haber cometido un delito contra los derechos de los trabajadores y aceptaron las condenas solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular.
