Cabify, Uber y Bolt han mostrado su rechazo frontal a la nueva ley del taxi que la Generalitat de Cataluña está preparando, al considerar que puede tener un impacto importante en el sector. Estas empresas advierten que la norma, diseñada para regular el transporte en vehículos de hasta nueve plazas, podría poner en riesgo alrededor de 4.000 empleos en el área metropolitana de Barcelona. Para ellas, la propuesta supone un cambio radical que afectaría tanto a trabajadores como a los propios usuarios.
En un comunicado conjunto, las tres compañías advirtieron que la ley propuesta, que contempla la eliminación progresiva de licencias urbanas de VTC, podría tener consecuencias “devastadoras” en el ámbito laboral y en la movilidad del área metropolitana de Barcelona.
La nueva ley del taxi enfrenta al Govern con las principales plataformas de VTC y abre un nuevo conflicto sobre el futuro del transporte en Barcelona
"Si esta regulación finalmente sale adelante, además de contravenir abiertamente el derecho europeo, miles de personas perderán su empleo, la movilidad de Barcelona retrocederá al siglo XX y Cataluña perderá una gran oportunidad de avanzar en la electrificación de la flota. Todos perdemos", han asegurado.
Tanto Cabify como Uber y Bolt también destacaron que, según sus datos, "Barcelona es la ciudad con un menor ratio de VTC y taxis por mil habitantes de Europa (3,4 vehículos)", muy por debajo de otras ciudades como París, Lisboa, Ámsterdam, Nueva York o Londres. Además, subrayaron que los VTC "no compiten con el taxi: lo complementan".
Tras meses de protestas y reivindicaciones, Unauto, la patronal mayoritaria de VTC, ha mostrado su rechazo a la nueva propuesta, calificándola de "profundamente antisocial" e "injusta". Desde la organización advierten de que esta norma podría provocar la eliminación de 6.000 puestos de trabajo y una reducción del 30% en la oferta de transporte urbano en Barcelona.
Uber, Cabify y Bolt señalan que la nueva norma las aparta de la emisión de futuras licencias
Además, alertan de un efecto secundario: el aumento de la especulación en torno a las licencias de taxi, cuyo valor supera actualmente los 170.000 euros, junto con un incremento de la facturación de algunos taxistas, que en ciertos casos alcanza los 10.000 euros mensuales.
La nueva ley del taxi, respaldada por los partidos del PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, propone reducir drásticamente el número de licencias urbanas de VTC en Barcelona, eliminando 600 de las 990 actuales. Además, establece condiciones estrictas para las nuevas autorizaciones, que serán de corta duración, no renovables automáticamente e intransferibles. Incluso, para operar como VTC en lugares como Barcelona, tendrán una duración de solo dos años.
Tampoco podrán ser transmitidas, lo que significa que desaparecerán gradualmente conforme vayan caducando. La ley también impone requisitos medioambientales y lingüísticos tanto para taxis como para VTC, que deberán poseer certificados ECO o ZERO y acreditar un nivel mínimo de catalán (B1).
La norma obligará a los conductores a saber catalán
La normativa aún debe debatirse en el Parlament y no entrará en vigor hasta 2026. Mientras tanto, el sector VTC continúa movilizándose para evitar la implementación de la ley. Se han convocado manifestaciones y se están explorando vías legales para impugnar la normativa.
Uber, Cabify y Bolt han mantenido hasta cuatro reuniones con la Dirección General de Transportes y Movilidad, pero el Govern ha mantenido su postura y no ha aceptado modificar la ley, aunque se propusiera una electrificación de la flota de VTC. En su comunicado, las plataformas señalan también que esta decisión contrasta con la voluntad expresada por el president Salvador Illa de impulsar la movilidad eléctrica, advirtiendo que "Cataluña perderá una gran oportunidad de avanzar".
