Logo de Huffpost

Andalucía permitirá que hasta 2.500 profesores jubilados vuelvan a los centros, pero no cobrarán ni podrán sustituir a docentes en activo

La Junta ha aprobado el decreto que regula la figura del profesorado emérito colaborador en centros sostenidos con fondos públicos no universitarios. La norma fija requisitos, funciones y límites, y deja claro que esta colaboración será voluntaria, altruista y sin efectos laborales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno |María José López / Europa Press
Francisco Miralles
Fecha de actualización:
whatsapp icon
linkedin icon
telegram icon

Andalucía ya tiene en marcha una nueva figura para que parte del profesorado jubilado pueda volver a colaborar en colegios e institutos. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula al profesorado emérito colaborador y crea la Red Comparte Experiencia, un sistema con el que la Junta quiere canalizar la participación de docentes retirados en tareas de asesoramiento, formación y apoyo a actividades del centro. La idea es que podrán volver a los centros educativos, pero no cobrarán ni ocuparán puestos de trabajo.

El decreto establece que cada convocatoria anual podrá autorizar como máximo a 2.500 colaboradores. Además, fija que la colaboración no será indefinida, ya que cada docente deberá solicitarla cada curso y solo podrá mantenerse durante un máximo de tres años, siempre que siga cumpliendo los requisitos y exista una valoración positiva del centro. De este modo, la Junta articula una fórmula para aprovechar experiencia profesional acumulada sin convertirla en una vía paralela de contratación.

Para acceder a esta condición, será necesario estar jubilado por una causa distinta de la incapacidad permanente, no haber cumplido 75 años en la fecha de solicitud y acreditar al menos 15 años de servicio efectivo en centros públicos o concertados no universitarios de Andalucía. A eso se suman otras dos condiciones que serán no haber sido sancionado por falta grave o muy grave en los últimos cinco años antes de la jubilación y no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Podrán asesorar, dar charlas o acompañar a nuevos docentes, pero no ejercer como profesorado ordinario

La norma detalla un catálogo amplio de funciones, entre las que aparecen la dinamización de la lectura y de la biblioteca escolar, la impartición de charlas, talleres y conferencias, la colaboración en actividades complementarias y extraescolares, la mentoría a docentes en prácticas o el acompañamiento del profesorado de nueva incorporación. También se contempla su participación en proyectos de innovación educativa, orientación académica, publicaciones escolares, internacionalización o desarrollo de competencias en lenguas extranjeras.

Ahora bien, el propio decreto introduce en su artículo 6 que el desarrollo de estas funciones no dará derecho a ocupar puestos de trabajo, ni a desempeñar funciones propias del profesorado en activo, ni a recibir retribuciones. Es decir, el profesorado emérito podrá colaborar, orientar o reforzar determinadas iniciativas del centro, pero no sustituir plantillas ni asumir el papel ordinario de un docente en servicio.

La colaboración será gratuita, aunque incluirá seguro y acreditación oficial

La Junta sí reconoce ciertas coberturas para quienes participen en el programa, como que el profesorado emérito colaborador estará cubierto por una póliza de seguro frente a accidentes, enfermedad y responsabilidad civil por daños a terceros. También recibirán una certificación oficial que les permitirá acceder gratuitamente a instituciones culturales en las mismas condiciones que el personal docente en activo.

El sistema prevé dos formas de colaboración. En la llamada vía abierta, el docente jubilado presenta un proyecto para que cualquier centro andaluz interesado pueda incorporarlo a su plan. En la vía concreta, la propuesta se dirige a un centro determinado. En ambos casos, las solicitudes de docentes y centros se presentarán cada año del 1 al 30 de junio y serán supervisadas por una comisión autonómica y ocho comisiones provinciales.