Cuando se alquila una vivienda, inquilinos y caseros tienen que cumplir una serie de obligaciones. En el caso de este último, mantener la vivienda en buenas condiciones de habitabilidad, pero que esto no se cumpla, no quiere decir que el inquilino pueda tomarse la justicia por su mano y dejar de pagar el alquiler. Actuar por cuenta propia puede acarrear consecuencias legales y económicas importantes, y es justo lo que le ha pasado a una inquilina francesa.
Según la sentencia del tribunal, en 2007 la mujer firmó un contrato de alquiler para un piso que, según alegó años después, presentaba numerosos problemas como unas instalaciones de gas y electricidad peligrosas y una caldera que generaba un riesgo para la salud. A raíz de estas condiciones, en 2012 decidió dejar de pagar el alquiler y acudió a los tribunales para reclamar una indemnización.
El casero, por su parte, respondió pidiendo la resolución del contrato y reclamando el pago de las mensualidades impagadas. Durante el proceso, la inquilina fue desalojada en varias ocasiones, regresó al piso, y finalmente el inmueble fue vendido en 2018.
Aunque la casa estuviera en mal estado, tiene que pagar todo el dinero que debía
El caso llegó al Tribunal de Casación francés, el equivalente al Tribunal Supremo español que, aunque aceptó el piso no era estaba en buenas condiciones de habitabilidad según la normativa francesa, consideró que la inquilina no aportó pruebas suficientes de que fuera completamente imposible vivir en él. Por ello, no se le permitió suspender unilateralmente el pago del alquiler, como prevé la legislación en Francia cuando el arrendador no cumple con sus obligaciones al respecto al mantenimiento de la misma.
Además, el tribunal avaló la indemnización por ocupación impuesta durante el tiempo que la inquilina permaneció en la vivienda tras el fin del contrato.
Por todo ello, la inquilina tendrá que pagar a su ex casero 32.650 euros por los meses que estuvo en la vivienda sin pagar el alquiler más los intereses de demora correspondientes.