Las viviendas con peor eficiencia energética vuelven a estar en el punto de mira de la Unión Europea. Bruselas aprobó la Directiva (UE) 2024/1275 la cual ya se encuentra en vigor y por el que obliga a España a poner un plan en marcha de renovación del parque residencial con fechas concretas. Con esta medida se busca recortar un 16% el consumo medio de energía primaria de las viviendas antes de 2030, para lo que se tomará como referencia el valor de 2020 como referencia. Decir que más de la mitad de esa reducción deberá conseguirse actuando sobre los inmuebles con las calificaciones más bajas.
En España, una gran parte de las viviendas que conocemos cuenta con más de 10 años de antigüedad, pero no solo eso, sino que ademas presenta problemas de aislamiento, ventanas poco eficientes o sistemas de calefacción obsoletos, lo que hace que las familias deban gastar más en energía (ya sea luz o combustibles) para mantener la vivienda fría o caliente. Esto no quiere decir que en 2030 todos los propietarios tengan que reformar su vivienda de manera automática, pero sí de que el Estado estará obligado a diseñar medidas para actuar sobre los inmuebles con peores prestaciones energéticas.
La Directiva (UE) 2024/1275 (consultable en este enlace), relativa a la eficiencia energética de los edificios, establece una estrategia a nivel de Europa para mejorar la rehabilitación del parque inmobiliario, con especial interés en los edificios con peor comportamiento energético.
Según explica el Ministerio para la Transición Ecológica, cada Estado miembro deberá contar con una estrategia nacional enfocada en el parque residencial. Para ser más exactos la web dice que “dicho uso deberá verse reducido en un 16% para el año 2030”, tomando como referencia la situación del año 2020. Además, el 55% de ese objetivo deberá lograrse actuando sobre una parte significativa de los edificios residenciales menos eficientes.
Es decir, España tendrá que impulsar reformas en viviendas antiguas y con baja calificación energética mediante actuaciones como mejorar el aislamiento térmico, sustituir ventanas, renovar cubiertas o cambiar instalaciones de calefacción por sistemas más eficientes.
El certificado energético cogerá más fuerza y no solo para la compraventa como en el alquiler de viviendas, ya que permitirá conocer el nivel de eficiencia real de cada inmueble. De hecho, antes del 29 de mayo de 2026 (poco más de un mes), los países deberán adaptar su sistema a una nueva escala común. Tal y como explica el MITECO, esta clasificación utilizará las letras de la “A” a la “G”, donde la letra “A” corresponderá a los edificios de cero emisiones y la “G” a “los edificios menos eficientes del parque nacional”.
España tendrá que adaptar la norma y definir ayudas
Aunque el horizonte de 2030 ya aparece marcado por Bruselas, la aplicación dependerá de cómo España transponga la directiva a su legislación nacional. La propia normativa europea fija esa obligación de adaptación y deja margen a cada país para concretar los instrumentos, los plazos y los mecanismos de apoyo económico.
Por eso, en los próximos años será el Gobierno quien deba concretar qué medidas se exigen, qué viviendas se verán primero afectadas y qué ayudas públicas podrán facilitar estas reformas, especialmente en los hogares con menos recursos.
En cualquier caso, la dirección ya está marcada. La UE quiere que las viviendas consuman menos energía, y para lograrlo España tendrá que actuar sobre los inmuebles más antiguos, más ineficientes y más costosos de mantener.
