El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y sus bajadas se convirtió en reclamo electoral en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas y municipales por parte de los candidatos. Una apuesta descabellada a tenor del volumen de ingresos que reporta este gravamen a los ayuntamientos, considerada una de sus figuras impositivas por excelencia, pero que no lo resulta tanto si se tienen en cuenta las cifras récord de 2022.
El pasado año los ingresos por IBI doblaron los registrados en los años previos a la crisis financiera de 2008, considerada la más grave de la historia nacional reciente, y cuyo periodo previo se antoja como uno de los más sanos económicamente hablando del país. En otras palabras, aunque rebajen el IBI, ese colchón de ingresos extra del último ejercicio fiscal les otorga cierto margen para no verse afectado. Una ‘trampa’ convertida en recurrente.
Más de 13.170 millones de euros se embolsaron los consistorios españoles gracias al IBI urbano, a los que se unen los 480 millones relativos al IBI rústico y los 550 millones del impuesto sobre los bienes inmuebles de características especiales (BICE). Total, más de 14.000 millones de euros, un registro histórico, según la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda.
¿Dónde se paga más IBI en España?
Con más de 2.500 euros si se contabilizan los ingresos colectivos de todos los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid es donde más se paga por el IBI, con un pago medio habitual de 560 euros. Esto tiene su explicación en el elevado valor catastral medio de las viviendas. Tras los consistorios de la capital, completan el top 3 los 514 euros de la provincia de Barcelona (2.000 millones de ingresos) y los 431 de Girona.
¿Por qué aumentan los pagos por IBI?
Esta, la de la tendencia al alza de los ingresos por IBI pese a las rebajas impositivas, es una tónica común reciente en España, según notifica estadísticamente el catastro. A pesar de que antes de la crisis financiera de 2008 los precios de la vivienda eran muy superiores a la media con la que se clausuró el pasado ejercicio, los ingresos por IBI doblaron a lo recaudado en esa época.
De hecho, el valor de la vivienda ha caído un 20% desde hace quince años. Como ya se ha mencionado, en el aumento de la bases imponibles se encuentra la respuesta. No, en cambio, en un aumento directo de la fiscalidad.
El Real Decreto Legislativo 2/2004 recoge que el tipo de gravamen mínimo del IBI que podrán aplicar los ayuntamientos será del 0,4% con un máximo hasta el 1,1% en el caso de los bienes inmuebles urbanos. Este tipo se aplica a la base liquidable en cuestión, obtenida de aplicar las reducciones o exenciones permitidas en cada caso al valor catastral de la vivienda, por lo que les otorga cierto margen para especular con que ha subido o bajado y, a la hora de la verdad, no sufrir perjuicios en los presupuestos.
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