Las viviendas de alquiler social se presentan como una solución para familias con menos recursos que no pueden acceder a una vivienda en zonas tensionadas donde el precio por metro cuadrado se sitúa en 22,7 €/m² al mes, según Idealista. Sin embargo, Sara, una inquilina de este modelo de alquiler protegido, cuestiona si realmente éste está cumpliendo su función.
“Lo del alquiler es una pesadilla”. Así comienza su testimonio. Sara y su hija viven en Madrid en una vivienda social tras haber sido reconocidas como familia vulnerable. Un año después de recibir el piso, su situación económica no ha mejorado y el precio que paga cada mes por el alquiler pone en duda esta alternativa.
Según explica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, su realidad dista mucho de lo que debería ser un alquiler protegido. “¿Sabéis cuánto pago yo? 700”, afirma. Una cifra que, en su caso, resulta inasumible: “Cobro 500 euros si llega y todo lo demás me lo trabajo y me lo multitrabajo”.
Un alquiler “social” que no lo es
Sara cuenta que conoce de primera mano cómo han evolucionado los precios de estas viviendas gestionadas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. “Hace 10 añitos más o menos, el importe mensual que se pagaba por ellas era 200 euros”, recuerda. Hoy, esa cantidad se ha más que triplicado.
“Un alquiler social 700 euros… pues social, social, no es”, denuncia. La situación no solo le afecta a ella: “Tengo vecinos que no ponen ni la calefacción porque no la pueden pagar”. Para Sara, este dato es revelador y evidencia que el modelo no está cumpliendo su función básica de protección a las familias con menos recursos.
La comparación con los ingresos es demoledora. “Aquí en Madrid de 100 no bajan”, señala en referencia a los alquileres, mientras recuerda que el Salario Mínimo Interprofesional es de 1.139 euros brutos al mes. “¿Quién va a pagar esos pisos?”, se pregunta, subrayando que no habla del centro de la capital, sino de barrios como Vallecas.
“La vivienda es un derecho fundamental”
Más allá de su caso personal, Sara pone el foco en un problema estructural. “Esto de que no se puede pagar más del 30% de tu renta en alquiler o en una hipoteca, ¿a quién aplica?”, cuestiona. En su opinión, ese límite solo se cumple para unos pocos, mientras que los demás tienen que aguantar y pagarlo.
Su discurso se endurece cuando aborda las políticas de vivienda actuales y el acceso al mercado inmobiliario. “La vivienda, por mucho que os joda a todos, es un derecho. Es un derecho fundamental que se tiene que garantizar”, afirma con rotundidad. Y aclara que no pide que se la regalen, pero al menos “poder tener acceso”.
Sara también alerta de otro fenómeno que, a su juicio, agrava la situación: “Ahora mismo hay más pisos a nombre de gente extranjera en España que a nombre de gente española”, explica, matizando que no se trata de un rechazo a las personas extranjeras, sino a un sistema que permite que muchas viviendas no se utilicen para vivir, sino para especular.
Harta de esta situación, considera un “tinglado” que beneficia a unos pocos mientras deja fuera a quienes más necesitan una vivienda digna.
