Al jubilarnos, pensamos que la cuantía de la pensión de jubilación cubrirá la mayoría de nuestros gastos al ser la principal fuente de ingresos. Pero, a veces, a lo largo de la jubilación puede darse situaciones por las que nos baje la cuantía (por ejemplo cobra la pensión mínima y que nos retire el complemento a mínimos). Es el caso de Evelyn Paternostro, una maestra jubilada de 84 años en Luisiana, que soñaba con una jubilación tranquila tras más de 40 años dedicadas a la educación, pero ha tenido que dejar aparcado su retiro y trabajar como cajera en una tienda para poder llegar a final de mes.
Tal y como relató en una entrevista con CBS News, Evelyn percibe la pensión mínima junto con un complemento a mínimos en Estados Unidos, pero debido a unos cambios en los requisitos de la Seguridad Social, le quitaron un complemento tras el fallecimiento de su esposo. Debido a esto, sus ingresos se vieron reducidos, lo que obligo tener que volver al mercado laboral para poder vivir. “La gente de la tienda me pregunta todo el tiempo: ‘¿Estás haciendo esto por diversión? ¿Por qué no estás jubilada?’ Porque necesito comer”, explicó.
La pensión no da para cubrir las necesidades básicas
Durante su carrera, Evelyn trabajó como maestra y directora en el sistema educativo público de Luisiana, acumulando una pensión que esperaba le permitiera vivir de forma digna tras su jubilación. A pesar de ello, dos disposiciones del Seguro Social —la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP) y la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO)— le impidieron recibir los beneficios conyugales que le corresponderían por derecho.
En concreto, la GPO afecta a quienes perciben una pensión pública no cubierta por el Seguro Social, reduciendo o eliminando los beneficios conyugales y de sobreviviente. Esto dejó a Evelyn con una pérdida de ingresos de aproximadamente 2.500 euros mensuales, lo que equivale a 300.000 euros en los últimos diez años. “Es mucho dinero”, reconoció. “Es más dinero del que puedo imaginar”.
La WEP, por otro lado, afecta a quienes reciben una pensión pública y también tienen derecho a beneficios del Seguro Social, lo que reduce la cuantía total que se recibe en la nómina. Evelyn y como la mayoría de jubilados no tuvo en cuenta que este tipo de normativa pudiera afectar a la cuantía. “Me quedé totalmente desconcertada”, comentó. “Sabía que iba a tener una jubilación de maestra. Pero nunca pensé realmente en los ingresos de mi esposo y lo que eso significaría para mí”.
Obligada a volver a trabajar
La situación de Evelyn no es única. Según un informe de la Asociación Nacional de Jubilados (NARFE), millones de estadounidenses jubilados que trabajaron en el sector público han sido perjudicados por las mismas disposiciones. Este impacto se ve agravado por el aumento en el coste de vida, los gastos en médicos (en Estados Unidos la sanidad es diferente que en España) y la falta de ahorros suficientes. Para muchos, volver al trabajo se convierte en una necesidad.
Evelyn divide su tiempo entre su hogar y su empleo en una tienda local, donde trabaja varios turnos semanales para cubrir sus gastos. “Nunca pensé que necesitaría trabajar a esta edad”, confesó. “Es mucho más difícil de lo que imaginé”.
Un sistema que necesita reformas urgentes
Tras décadas de lucha, el Congreso de EE. UU. aprobó el pasado 21 de diciembre de 2024 la Ley de Equidad en la Seguridad Social, que busca derogar las disposiciones WEP y GPO. Aun así, el proyecto aún requiere la firma del presidente Joe Biden para convertirse en ley. Aunque esta reforma podría beneficiar a miles de jubilados, muchos critican su coste, que se estima que estará sobre los 200.000 millones de dólares durante la próxima década.
Evelyn, al igual que otros jubilados, sigue enfrentando la incertidumbre sobre su jubilación. “En esencia, este dinero nos lo han robado a todos durante todos estos años. No es justo”, concluyó.
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