
Todos trabajamos con el objetivo de obtener una mínima pensión de jubilación al final de nuestra vida laboral, ya que, en la mayoría de los casos, esta representa la principal fuente de ingresos. Sin embargo, cuando la pensión no es suficiente, algunos optan por volver a trabajar para complementar sus ingresos. Aunque pueda parecer una solución viable, no siempre es la mejor opción. Un ejemplo es el de Yvette Pittet, una cartera que, tras más de 43 años cotizados, de los cuales 18 ejerció en la región de Alta Saboya, Francia, decidió reincorporarse al mercado laboral al no poder mantenerse con su pensión de 640 euros. Ahora se enfrenta a una deuda de 44.424 euros por haber cobrado la pensión de forma indebida.
Todo empieza cuando esta mujer y como hemos dicho, después de 43 años de carrera, de los cuales 18 fue como cartera, decide jubilarse anticipadamente a los 61 años, algo permitido, ya que cumplía con los requisitos establecidos en Francia. Su sorpresa fue cuando le dicen que su pensión de jubilación sería de 640 euros mensuales.
Viendo que con la pensión no le daba para afrontar los gastos más básicos, no tuvo más remedio que volver a trabajar. Primero estuvo como ayudante a domicilio en una Aide à domicile en milieu rural (ADMR), y después como Atsem en una guardería. Luego, en 2021 consiguió un contrato indefinido en la función pública, siendo este el momento clave de su deuda con la administración.
Deuda de 44.424 euros por cobrar la pensión y trabajar
Tres años después de conseguir este último empleo, Yvette recibió una notificación de Hacienda donde le informaban la suspensión de la pensión. Así como la suspensión también llego una notificación indicándole que debía devolver 44.424 euros en concepto de cobros indebidos.
El motivo, era que durante cuatro años estuvo cobrando la pensión de jubilación a la vez que estaba trabajando, algo que es incompatible, según explica el medio Nord Littoral.
En ese momento se dio cuenta de que la normativa en Francia dice que, mientras que en el sector privado los jubilados pueden trabajar sin que esto afecte el cobro de su pensión, en el sector público sí que existen restricciones. La ley establece un límite de ingresos que un funcionario jubilado puede percibir si decide volver a trabajar. Como Yvette Pittet superó ese umbral sin saberlo, perdió el derecho a seguir cobrando su pensión mientras trabajaba.
Para Pittet y su familia, la sanción es incomprensible. Su hijo ha criticado duramente el sistema, asegurando que “ha trabajado toda su vida, 30 años al servicio de los demás, y ahora le exigen que devuelva casi 45.000 euros. Nos parece una situación completamente injusta”. Por su parte, la Yvette ha manifiéstado su indignación, afirmando: “He pagado impuestos toda mi vida, he seguido todas las reglas, y ahora me vigilan como si hubiera cometido un delito”.
No conforme, Pittet ha decidió recurrir la sanción ante el tribunal administrativo, aunque la misma ha sido desestimada. Su abogada explicó que, aunque el juez reconoció la inequidad del caso, no podía fallar en contra de la legislación vigente. Como resultado, el tribunal determino reducir su pensión de 640 euros un 30% para hacer pago de esta deuda.
Ahora, Pittet quiere dar voz a su historia y avisa a otros trabajadores públicos de lo que a su juicio es una injusticia, esta norma poco conocida. “Esta ley la conoce muy poca gente. Hay otros funcionarios en la misma situación y esto debe hacerse público”, ha declarado. Mientras tanto, deberá encontrar la forma de devolver el dinero al estado.
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