Un profesor con 65 años está a punto de jubilarse y, aunque tendrá una pensión alta, se siente injustamente tratado, ya que sus compañeros reciben aún más. Le quedará una pensión en bruto de 2.600 euros, lo que se traducirá en unos ingresos netos mensuales de 2.100 euros, pero todavía no es bastante para su aspiración.
“Soy profesor en un centro de educación integral en Renania del Norte-Westfalia (una región de Alemania) y soy asalariado. Esto significa que cotizo para el seguro de pensiones igual que los demás empleados” declara al comienzo de su relato para el medio alemán Stern.
Pero hay diferencias entre la pensión del profesorado titular de un centro y el profesorado contratado bajo convenio colectivo, como es su caso. Para compensar esta diferencia existe un plan de pensiones complementario, aunque según explican la diferencia al final resulta imposible de compensar.
“Recibo una pensión de 2.200 euros, más 400 euros adicionales en prestaciones complementarias. Una pensión de 2.600 euros estaría bien, pero solo llego a esa cifra porque he ocupado un puesto directivo durante más de 15 años”, aclara el profesor sobre su situación.
La pensión de los docentes en Alemania puede variar bastante en función de su situación laboral. En el caso de los funcionarios, la pensión estándar suele situarse entre 1.600 y 1.800 euros mensuales, a lo que se pueden sumar unos 300 euros en prestaciones complementarias. Si se mira el conjunto de los jubilados, la pensión media supera los 3.000 euros al mes.
¿Cómo se calcula la pensión de un profesor en Alemania?
La cuantía final depende principalmente de dos factores: el último salario bruto y los años trabajados. También influyen el grado salarial y el nivel de experiencia alcanzado a lo largo de la carrera profesional. En Alemania, muchos profesores terminan su trayectoria dentro del grupo salarial A13, que es el habitual para la docencia.
Por cada año completo trabajado, el sistema reconoce aproximadamente un 1,8 % del salario como derecho de pensión. Ese porcentaje se va acumulando año tras año hasta determinar qué parte del último sueldo se cobrará al jubilarse.
El límite máximo se sitúa en torno al 70 % del último salario bruto. La mayoría de los profesores con plaza fija llegan a ese porcentaje tras unos 40 años de servicio.
En la práctica, explica el propio profesor protagonista del testimonio, muchos docentes están en el nivel A13 con nivel de experiencia 12 poco antes de jubilarse. En regiones como Renania del Norte-Westfalia, eso equivale aproximadamente a un salario bruto de unos 6.200 euros al mes.
“Si aplicas el cálculo del 70 %, eso supone una pensión cercana a los 4.300 euros mensuales”, señala.
“Personalmente, lo encuentro injusto”
La situación cambia bastante para los profesores que trabajan como empleados y no como funcionarios. Sus pensiones suelen quedar muy por debajo de esas cifras.
El profesor lo explica con claramente: “Personalmente, lo encuentro injusto. Hacemos el mismo trabajo en el aula, pero yo voy a cobrar menos que mis compañeros que tienen plaza fija”.
Según cuenta, esa diferencia se vive con cierta resignación dentro del propio sistema educativo. “Al final hay que asumirlo. Somos dos grupos con estatus diferentes. Yo solo intento asegurarme de que, con lo que me toque de pensión, pueda salir adelante”, lamenta el profesor.
Para él, el problema es estructural y no parece que vaya a cambiar pronto.
“Esta desigualdad no va a desaparecer de la noche a la mañana. Los estados federados no tienen demasiado interés en cambiarlo”.
Un sistema que beneficia a las cuentas públicas
El profesor cree que la razón principal es económica. A corto y medio plazo, dice, los docentes funcionarios resultan más baratos para las administraciones.
“Los estados no tienen que pagar cotizaciones a la seguridad social por los funcionarios. El coste real de sus pensiones llega décadas después”.
Eso significa que la factura se traslada a presupuestos futuros, algo que, en su opinión, facilita que el modelo siga igual. “Es un problema que acaba cayendo sobre gobiernos que todavía ni siquiera están en el poder”, dice este prejubilado.
“Nadie se atreve realmente a abordar el problema”
El docente también cree que existe mucho miedo político a tocar este tema: “Cada vez que se habla de cambios en el sistema educativo, nadie quiere asumir la responsabilidad si el asunto termina teniendo consecuencias económicas”, afirma.
“La situación presupuestaria es complicada, pero aun así nadie se atreve realmente a abordar el problema”.
Además, señala que la posibilidad de protestas en el sector educativo es muy limitada. “En teoría, los profesores contratados podrían ir a la huelga. Pero una huelga en educación paralizaría las clases, y eso es algo que casi nadie quiere”, explica.
El debate sobre el estatus de funcionario
Para muchos responsables políticos, la educación sigue considerándose una función esencial del Estado. Por eso se defiende que los docentes tengan, al menos en parte, estatus de funcionarios.
El profesor tiene claro cómo funciona ‘el engaño’ de hacerlos sentir funcionarios. “Se dice que, para garantizar una educación estable y de calidad para niños y jóvenes, hay que dar a los docentes el estatus de funcionario. Aunque eso genere desigualdades”, resume.
Aun así, cree que el sistema tiene contradicciones importantes, sobre todo en lo que respecta a las pensiones: “Cuando los salarios suben, los trabajadores asalariados cotizan más a la seguridad social. Pero ese aumento apenas se refleja después en su pensión”.
En cambio, explica, los profesores funcionarios no cotizan al sistema público de pensiones, aunque su futura pensión sí se calcula a partir del salario final: “Los funcionarios no aportan al fondo de pensiones, pero su pensión se calcula en función de su último sueldo, que suele ser más alto. Esa diferencia es enorme”.
Para el profesor, este es uno de los grandes debates pendientes dentro del sistema educativo alemán. “Es un tema del que todo el mundo habla en privado, pero que muy pocos se atreven a plantear de verdad”, concluye.
