El grupo parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para revisar varios artículos del Real Decreto 402/2025 aprobado en 2025 que regula la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores en la Seguridad Social para determinados trabajos penosos o peligrosos. La iniciativa cuestiona algunos de los plazos y procedimientos fijados por la norma, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, y plantea introducir cambios para flexibilizar su aplicación.
El real decreto establece el procedimiento para determinar qué actividades pueden acceder a una reducción de la edad legal de jubilación en función de su peligrosidad o penosidad. Sin embargo, Sumar considera que el texto vigente genera “serias preocupaciones” porque trata de forma desigual a distintos colectivos y no da suficientes garantías a la hora de tramitar las solicitudes, según expone la proposición no de ley, promovida por la diputada de En Comú Aina Vidal y adelantada por Europa Press.
Críticas a los plazos y a la falta de equidad entre colectivos
Uno de los principales reproches del grupo plurinacional se centra en la imposibilidad de revisar al alza los coeficientes reductores ya reconocidos hasta que transcurran diez años desde la entrada en vigor de la norma, un plazo que sitúa cualquier modificación en 2035. A juicio de Sumar, esta limitación penaliza a profesiones que cuentan con coeficientes inferiores a los que corresponderían por la peligrosidad real de su actividad. Como ejemplo, cita el caso de los buceadores profesionales, cuya situación no podría mejorarse durante la próxima década.
El grupo advierte, además, de una posible “incoherencia” del sistema si nuevos colectivos obtienen mejores coeficientes que los ya reconocidos, sin que estos últimos puedan revisarlos. Según Sumar, esta diferencia de trato rompe el principio de equidad que debería aplicarse a la jubilación anticipada.
La proposición también pone el foco en el procedimiento administrativo. El artículo 22.2 del real decreto establece que el silencio administrativo ante una solicitud de coeficiente reductor tiene carácter desestimatorio. A ello se suma que, según el artículo 21, un colectivo cuya petición haya sido rechazada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no puede volver a presentar una nueva solicitud hasta que transcurran cuatro años.
Las modificaciones que plantea Sumar
Para corregir todo esto, Sumar plantea una revisión concreta de los artículos 9, 21 y 22 del real decreto. En el caso del artículo 9, propone permitir la revisión de los coeficientes ya reconocidos sin necesidad de esperar hasta 2035. Respecto al artículo 21, defiende que una solicitud rechazada pueda volver a presentarse en el plazo de un año. Y, en relación con el artículo 22, reclama introducir el silencio administrativo positivo en aquellos expedientes en los que no exista una resolución expresa por parte de la Administración.
La iniciativa no tiene efectos legislativos directos, pero pretende presionar al Gobierno para que modifique una norma que, según Sumar, no responde bien a la realidad de los trabajos más peligrosos ni a las reivindicaciones de los colectivos afectados.
