Uno de los objetivos de la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas es lograr que las carreras laborales se prolonguen de manera voluntaria, acercando la edad real de retiro a la edad legal ordinaria, que alcanzará los 67 años en 2027. El fin último es reforzar los ingresos del sistema para afrontar el retiro de los baby boomers sin recurrir a nuevas subidas de la edad legal.
El Gobierno ha desplegado desde 2021 medidas para favorecer el retraso de la jubilación. El último paquete, aprobado en diciembre de 2024 y en vigor desde el pasado 1 de abril, introdujo cambios en la jubilación activa, la parcial y la demorada. Se trata de modalidades que permiten combinar el cobro de la pensión con un salario, pero que hasta ahora han tenido una implantación residual en España, algo anómalo si se compara con el entorno europeo.
Eurostat sitúa a España entre los países con transiciones más abruptas del empleo a la jubilación (se puede consultar el informe en este enlace). Solo el 4,9% de quienes comenzaron a cobrar la pensión de jubilación continuaban trabajando total o parcialmente, frente al 13% de media en la UE. Por debajo solo se encuentran Grecia (4,2%) y Rumanía (1,7%). En cambio, en Estonia más de la mitad de los jubilados siguen trabajando al inicio de su retiro y en Suecia lo hace el 41,7%. Los motivos difieren: en los bálticos prevalece la necesidad económica y en los nórdicos el disfrute y la integración social, factores que en España apenas tienen peso.
Para explicar la excepcionalidad española confluyen dos razones principales. La primera es que las pensiones son relativamente generosas: la tasa de reemplazo, que mide el porcentaje del último salario cubierto por la prestación, alcanza el 80%, la segunda más alta de la OCDE tras Grecia (información que se puede consultar en este informe). La segunda es que la regulación ha desincentivado históricamente estas fórmulas mixtas, hasta su reforma en 2025. De hecho, casi un 45% de los pocos jubilados que compatibilizan lo hacen por motivos distintos a la necesidad o al disfrute; solo un 19,6% alega necesidad económica y un 17,9% placer en seguir trabajando.
Una reforma que busca mayor flexibilidad
La jubilación activa (que fue reformada bajo el Real Decreto 11/2024 y convalidado en enero de 2025) permite ahora compatibilizar pensión y empleo tras al menos un año de demora sobre la edad ordinaria, con porcentajes crecientes de pensión: 45% el primer año, 55% el segundo, 65% el tercero, 80% el cuarto y 100% a partir del quinto, con incrementos adicionales del 5% por cada año de trabajo en esa situación. Además, por primera vez se puede acumular este incentivo con los complementos de la jubilación demorada.
La jubilación parcial amplía el anticipo posible a tres años y endurece las condiciones del contrato de relevo, que ha de ser indefinido y a tiempo completo, mientras que la jubilación demorada añade un plus del 2% por cada semestre adicional de demora a partir del segundo año. Estas medidas ya están produciendo efectos: la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, las jubilaciones anticipadas han caído al 28,6% de las nuevas altas y las demoradas han subido hasta cerca del 10%.
La jubilación reversible, en camino
El Gobierno ultima ahora la jubilación reversible, que sustituirá a la fallida jubilación flexible de 2002 (apenas 3.174 beneficiarios en marzo de 2025). Esta permitirá reincorporarse al mercado laboral tras la jubilación, con jornadas parciales de entre el 40% y el 80% y un complemento de entre el 10% y el 20% de la pensión, según la dedicación. Para los autónomos, con restricciones, la compatibilidad será del 20%.
Las proyecciones oficiales calculan que más de 30.000 jubilados se acogerán a esta modalidad entre 2026 y 2030, lo que equivale al 1,8% de las nuevas altas. El impacto fiscal será limitado —entre 185 y 285 millones de ahorro neto anual en 2033—, pero el objetivo es cultural: abrir la puerta a jubilaciones más progresivas y aproximar a España a los estándares europeos.
Sostenibilidad bajo incertidumbre
El Banco de España ha advertido de que los incentivos para retrasar la jubilación tienen un efecto incierto y limitado sobre el gasto si no se generaliza su uso. Con un gasto en pensiones que supera los 13.588 millones de euros al mes y una pensión media de jubilación de 1.506,46 euros en julio de 2025, cualquier alivio presupuestario será marginal en el corto plazo.
España parte, además, de un contexto social adverso. Mientras en Suecia un 36% de los jubilados que siguen trabajando lo hacen porque disfrutan, en España este motivo apenas llega al 18%. Con una de las esperanzas de vida más altas de Europa y un sistema público particularmente generoso, el atractivo de seguir trabajando tras jubilarse sigue siendo escaso.
Por ahora, el país continúa siendo una rara avis en la zona euro, donde la jubilación equivale casi siempre al final definitivo de la vida laboral y solo uno de cada 20 pensionistas compagina pensión y trabajo.
