El Congreso de los Diputados va a debatir esta semana una moción presentada por Podemos en la que piden suprimir los coeficientes reductores a las jubilaciones anticipadas cuando el trabajador haya acumulado al menos 40 años de cotización a la Seguridad Social. La propuesta, que no tiene carácter legislativo, pretende que desde el Gobierno se impulse una reforma en la ley para eliminar las penalizaciones sobre la pensión de los que persiguen retirarse antes de cumplir la edad de jubilación.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya rechazó en un Pleno del Congreso de los Diputados esta posibilidad, abriendo un agrio debate entre los jubilados. En su momento, recordó que la norma actual contempla ya determinados mecanismos de compensación para aquellos que sumen largas carreras de cotización.
Durante su intervención, la ministra apeló al Real Decreto de 2021 (se puede leer en este BOE) que introdujo el complemento económico para aquellas personas que se jubilansen de forma anticipada entre los años 2002 y 2021 cuando acreditaran al menos 45 años y 6 meses de cotización, o 40 años cuando la pensión era de menos de 900 euros al mes. Los últimos datos del Ministerio señalan que aproximadamente 104.000 pensionistas han cobrado ese suplemento.
Podemos cree que esto es insuficiente, y que más de 900.000 trabajadores continúan penalizados a pesar de que hayan contribuido durante 40 años. Por eso, considera que esto es una “discriminación” hacia los que comenzaron su vida laboral muy jóvenes. La moción que será votada en el Congreso, busca que el PSOE se posicione de manera explícita, obligándoles a votar.
La reforma de las pensiones vincula la actualización anual al IPC
Este debate reabre cuestiones como la igualdad en el acceso a una pensión de jubilación de la Seguridad Social. La reforma de las pensiones firmada en el año 2021 tras negociarla con la mesa de diálogo social vinculaba la actualización anual de las pensiones a los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), reforzando la sostenibilidad del sistema mediante incentivos al retraso de la jubilación.
No modificó las penalizaciones aplicadas a las prejubilaciones, siendo esta una reivindicación histórica de los sindicatos para aquellos trabajadores que tengan unas largas carreras de cotización.
De momento, eliminar los coeficientes reductores para todos los casos con más de 50 años cotizados implica un coste adicional para la Seguridad Social que el Gobierno no puede sumar y Saiz defiende que la prioridad es “garantizar el poder adquisitivo de todos los pensionistas sin arriesgar la viabilidad del sistema”.
