La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha confirmado que los recortes en las jubilaciones anticipadas tanto voluntarias como involuntarias se seguirán aplicando, incluso para los trabajadores que acumulen más de 40 años cotizados a la Seguridad Social. De esta forma, la ministra descarta la Proposición de Ley impulsada por Unidas Podemos en la que pedía eliminar los coeficientes reductores para aquellos trabajadores con largas carreras de cotización.
Para Podemos este rechazo supone una “discriminación” para los trabajadores que más han aportado al sistema y lo considera “injusto” porque causan a los pensionistas un “castigo de por vida” que ven como a pesar de que fueron los que más trabajaron la cuantía de su pensión se ve reducida, según recoge Europa Press.
Por su parte, Elma Saiz ha respondido que la reforma de las pensiones de la pasada legislatura (la Ley 21/2021), ya contemplaba suficientes medidas. “La jubilación anticipada ha tenido diferentes modificaciones en el diseño original a consecuencia de las reformas. Estos cambios se han ido haciendo en consonancia con las directrices que manda las recomendaciones del Pacto de Toledo referentes a la prolongación de la vida laboral de los trabajadores” explica.
En este sentido, la asociación ASJUBI40 que representa a más de 900.000 jubilados, han tachado el rechazo de la ministra de “desprecio a los pensionistas con largas carreras de cotización”.
Una penalización para los que más han cotizado
El sistema público de pensiones contempla que los trabajadores que se acogen a la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria deben saber que la cuantía de su pensión se verá reducida a través de unos coeficientes reductores. Estas “penalizaciones” pueden llegar hasta un 30%, en el caso de los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados y que se jubilen a los 61 años por causas ajenas a su voluntad, es decir, una jubilación forzosa.
En este sentido, la asociación ASJUBI40 presentó junto a Podemos una Proposición de Ley en la que se pedía la eliminación de estos coeficientes reductores para aquellos con largas carreras de cotización, es decir, con más de 40 años cotizados. Recordemos que la Ley General de la Seguridad Social fija en los 33 años para acceder a la jubilación anticipada involuntaria y 35 años para la voluntaria.
Tal y como explicó Manuel Barrera, para acceder a lo que se conoce como el 100% de la pensión, la Ley 27/2011 (que es la norma que aplica el método de cálculo de la pensión de jubilación) exige tener un mínimo de 36 años y seis meses cotizados. Es decir, que estos trabajadores que deciden retirarse antes, ya cuentan con un excedente de 3 años y medio y la norma no completa ningún tipo de beneficio, salvo que decidan demorar la edad de retiro.
En este sentido, explica que “un trabajador que haya cotizado 52 años, 9 meses y 28 días, y decida jubilarse anticipadamente dos años antes de la edad ordinaria, sufra una penalización del 13%, que es lo mismo que otro trabajador que solo haya cotizado 29 años y se retira a su edad ordinaria. Es totalmente injusto y rompe con el principio básico de equidad y contributividad” apunta.
No solo esto, también que los trabajadores que han cotizado poco y su pensión no llega al mínimo (y carecen de ingresos suficientes), la Seguridad Social los ayuda a través del complemento a mínimos, mientras que los que más han cotizado sufren este castigo “de por vida”, añade Luis Ortiga.
Por otro lado, señalan que la Seguridad Social contempla determinados colectivos con profesiones especialmente penosas o peligrosas, así como a las Clases Pasivas, que pueden acceder a la jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones en su pensión. En este sentido, se preguntan: “¿Es justo penalizar y castigar a quienes más han aportado al sistema?”.
Para este jubilado, según explica a NoticiasTrabajo , la decisión de la ministra ha sido “humillante y bochornosa” para algo que consideran “justo y de dignidad”. De hecho, tal y como explican a este medio, la asociación se reunió con el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, el cual le trasladó que eliminar estos coeficientes supondría “mucho dinero” y sería “muy costoso” para el sistema, pudiendo ser este el motivo del rechazo de la ministra.
Las despenalizaciones de las jubilaciones anticipadas tensionarían aún más el sistema
Las últimas reformas llevadas a cabo por el Gobierno (como la Ley 21/2021 o el Real Decreto 3/2023) buscaban hacer más sostenible el sistema público, para lo que era necesario elevar la edad jubilación media. Para conseguirlo se desincentivó aún más las jubilaciones anticipadas e incentivando las jubilaciones demoradas.
La Seguridad Social penaliza las jubilaciones anticipadas, ya que al disfrutar antes de la pensión se entiende que se cobrará por más años, aún más si tenemos en cuenta que la esperanza de vida es cada vez mayor. Con todo esto, cabe preguntarse si es justo seguir penalizando a los que más han aportado al sistema, pero sin olvidar, que muchos de estos jubilados fueron despedidos con 61 años y sin posibilidad de encontrar un nuevo trabajo, por lo que debían de optar por estar en el paro hasta encontrar una nueva oportunidad o jubilarse anticipadamente y sufrir un recorte en la penalización.
