La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) urge a replantear “de inmediato” la última reforma de pensiones, la cual se reguló a través del Real Decreto-ley 2/2023. A su juicio, las medidas aprobadas agravan los problemas de sostenibilidad al elevar “considerablemente” el gasto sin compensaciones suficientes ni por la vía de los ingresos ni por la del ahorro.
El análisis, firmado por Alfonso Sánchez, Ángel de la Fuente y Miguel Ángel García, utiliza una versión actualizada de su modelo de simulación del sistema público. Sus proyecciones apuntan a un aumento importante del gasto que rebasaría el 18% del PIB en torno a 2050. Al final del periodo de estudio, la curva repuntaría de nuevo y podría marcar otro máximo entre 2070 y 2080.
Según Fedea, la primera fase de la reforma, que restituyó la indexación de las pensiones al IPC (motivo por el cual se dejó de abonar la famosa paguilla de las pensiones), explica la mayor parte del incremento. La segunda fase con subidas de bases máximas y cotizaciones, refuerzo de mínimas y el nuevo método de cálculo dual de la carrera (desde 2027, elegir entre 25 años o 29 descartando dos)— añadiría presión, especialmente a partir de 2050.
Mientras el gasto total en 2050 escalaría hasta el 18,5% del PIB, los ingresos del sistema crecerían bastante menos, hasta el 10,35%. El déficit básico (antes de transferencias del Estado) superaría el 8% del PIB a partir de esa fecha. Con un punto de partida de déficit y deuda elevados en el conjunto de las administraciones, Fedea concluye que el control del gasto en pensiones debería ganar protagonismo en la agenda.
Actuar en cálculo y revalorización
Para la fundación, el diseño actual es “excesivamente generoso” en relación con los recursos disponibles y las perspectivas de crecimiento. Con una esperanza de vida a los 65 años de 21,2 años, que podría aumentar 4,9 años para 2050, y con la relación entre jubilados y población activa en ascenso, las prestaciones medias superarían lo que permiten salarios y tipos de cotización vigentes. Fedea advierte, además, contra la idea de cubrir el desequilibrio con “un cheque en blanco” de la Administración General del Estado, por el efecto desplazamiento sobre otras políticas públicas ya tensionadas, como sanidad, transporte o emergencias.
Para restablecer el equilibrio, propone redefinir el mecanismo de salvaguarda del MEI, de forma que su activación se ate a un límite explícito al déficit básico del sistema (incluidas clases pasivas), en lugar de las condiciones actuales, que considera opacas y laxas.
Fedea defiende reducir la tasa de prestación (pensión sobre salario medio) hacia niveles europeos. Para ello, sugiere extender el periodo de cómputo hasta abarcar toda la vida laboral sin descartes, endurecer parámetros de acceso y cálculo, recuperar un factor de sostenibilidad y vincular automáticamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida en buena salud una vez alcanzados los 67 años, con excepciones en empleos físicamente penosos.
Limitar el blindaje al IPC
En revalorización, la fundación propone mantener la protección plena frente a la inflación solo para las mínimas y fijar para el resto un tope de pérdida acumulada de poder adquisitivo a lo largo de la jubilación, con el fin de ganar margen de política cuando los precios repunten.
Fedea considera probable que, incluso con estos ajustes, hagan falta aportaciones adicionales. Ve muy acotado el recurso a más deuda por el elevado endeudamiento actual y desaconseja abusar de nuevas subidas de cotizaciones por su impacto en el empleo y la competitividad.
Un recargo en el IRPF para visibilizar el coste
Como vía complementaria, sugiere financiar parte del refuerzo con un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF. A su entender, es el impuesto más equitativo y permitiría visibilizar para el ciudadano los costes reales y de oportunidad del sistema, facilitando políticamente la discusión sobre medidas de contención.
A medio y largo plazo, Fedea invita a estudiar un modelo de cuentas nocionales inspirado en el sueco, con rentabilidad ligada al PIB o a la masa salarial, que alinee derechos y recursos y asegure la sostenibilidad. También pide revisar a fondo la normativa de jubilación activa para compatibilizar pensión y trabajo remunerado con fórmulas flexibles que incentiven prolongar la vida laboral de forma voluntaria.
