El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado, a través de un comunicado que las pensiones de enero, incluida la subida prevista, se abonarán con normalidad, a pesar del rechazo parlamentario al decreto ley que recogía su revalorización para 2026. Más de 10 millones de pensionistas están afectados por esta decisión del Congreso, donde la norma fue tumbada con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
El Congreso de los Diputados votó este martes en contra del decreto ley conocido como ‘ómnibus’, que incluía medidas del escudo social, entre ellas la revalorización de las pensiones para el próximo año y la prórroga de la prohibición de cortes de suministros esenciales o desahucios en situaciones de vulnerabilidad. La norma no superó la votación al recibir el rechazo de varios grupos parlamentarios, dejando en suspenso una serie de medidas que el Gobierno consideraba clave.
A pesar del resultado, desde el Ministerio se ha trasladado un mensaje de tranquilidad, el abono de las pensiones correspondientes a enero está garantizado, ya que la norma actual seguía en vigor hasta la fecha de la votación.
Aumento previsto del 2,7% para las pensiones contributivas
El Gobierno ha reiterado su intención de mantener el compromiso de incrementar las pensiones contributivas un 2,7% en 2026, porcentaje que equivale a unos 570 euros anuales para quienes perciben una pensión media de jubilación, y unos 500 euros anuales en el conjunto del sistema. El Ministerio defiende que esta subida responde al objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y adaptar sus ingresos al coste de vida.
En el caso de las pensiones mínimas, el incremento sería más notable, con subidas que oscilan entre el 7% y el 11,4%, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarían también un 11,4%, superando la previsión de inflación. Desde el Ejecutivo se ha subrayado que estas medidas buscan reforzar la protección de los colectivos más vulnerables.
Reacciones tras el rechazo parlamentario
El rechazo del decreto ha generado críticas por parte del Ejecutivo, que ha calificado la postura de los partidos opositores como “irresponsable”. A su juicio, dejar sin respaldo parlamentario esta normativa deja en una situación de incertidumbre a millones de pensionistas, a quienes se les había prometido una revalorización basada en el IPC.
Desde el Gobierno se insiste en que seguirá trabajando para asegurar que la subida prevista se haga efectiva en 2026, y ha emplazado a los partidos que han votado en contra a explicar públicamente su decisión. Por ahora, el Ejecutivo busca vías alternativas para volver a presentar estas medidas ante la Cámara.
